En una reciente publicación del medio español Confilegal se da a conocer el artículo «La Corte Suprema suspende el mandato de Biden de que los empleados se vacunen obligatoriamente contra el COVID».
Por 6 votos contra 3, la Corte Suprema de los Estados Unidos, suspende la norma emitida por la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA, por sus siglas en inglés), que había entrado en vigor el pasado lunes y que estaba auspiciada por el presidente Joe Biden, lo que supone un fuerte revés político y personal para su persona.
Cabe señalar que la norma obligaba a los empresarios de negocios con más de 100 empleados a exigir a sus trabajadores que se vacunaran contra el COVID-19 o bien que presentaran semanalmente, y de un modo obligatorio, pruebas negativas que debían pagar de sus propios bolsillos.
La OSHA, que forma parte del Departamento de Trabajo, cuyo máximo representante es el secretario Marty Walsh, también obligaba a los trabajadores no vacunados a llevar mascarillas en su puestos de trabajo.
El presidente Joe Biden anunció el pasado mes de septiembre que el Departamento de Trabajo iba a dictar dicha norma de emergencia con el objetivo de imponer la vacunación a unos 84 millones de trabajadores, dos terceras partes de los empleados estadounidenses.
La norma fue publicada el 5 de noviembre del año pasado por la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. Biden reconoció públicamente la derrota.
«La Corte Suprema ha dictaminado que mi Administración no puede utilizar la autoridad que le ha otorgado el Congreso para exigir esta medida, pero eso no me impide utilizar mi voz como presidente para abogar por que los empresarios hagan lo correcto para proteger la salud y la economía de los estadounidenses», declaró el presidente estadounidense. Para Biden la sentencia del Supremo es una derrota.
El secretario de Trabajo, Walsh, por su parte calificó la sentencia de «gran revés para la salud y la seguridad de los trabajadores» y prometió que la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo «utilizaría su autoridad para asegurarse de que las empreas protegen a los empleados».
LA OSHA NO TIENE PODER PARA EMITIR UNA NORMA COMO ESA, SEGÚN LA CORTE SUPREMA
En su sentencia, la Corte Suprema dice que «La cuestión que se nos plantea no es cómo responder a la pandemia, sino quién tiene el poder de hacerlo. La respuesta es clara: según la ley actual, ese poder recae en los Estados y en el Congreso, y no en la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo».
Para el máximo tribunal de esa nación, que reúne los poderes de un tribunal supremo y de un tribunal constitucional europeo, una agencia federal como la OSHA no tiene el poder para emitir dichas normas. Es un poder que solo pertenece a los representantes elegidos por el pueblo.
«Si los organismos administrativos pretenden regular la vida cotidiana y las libertades de millones de estadounidenses, la doctrina dice que al menos deben ser capaces de rastrear ese poder hasta una clara concesión de autoridad por parte del Congreso», subraya.
Y recuerda que «la doctrina de la no delegación garantiza la responsabilidad democrática al impedir que el Congreso delegue intencionadamente sus poderes legislativos en funcionarios no elegidos».
Para luego sintetizar su posición con toda claridad: «Sea cual sea la doctrina, la cuestión es la misma. Ambas sirven para evitar que ‘el gobierno de la burocracia suplante al gobierno del pueblo’».
«Al decir esto, no impugnamos las intenciones del mandato de la agencia [la OSHA. Por el contrario, sólo cumplimos nuestro deber de hacer cumplir las exigencias de la ley cuando se trata de la cuestión de quién puede gobernar la vida de 84 millones de estadounidenses. Respetar esas exigencias puede ser difícil en tiempos de tensión. Pero si este Tribunal las acatara sólo en condiciones más tranquilas, las declaraciones de emergencia no terminarían nunca y las libertades que la separación de poderes de nuestra Constitución pretende preservar quedarían en nada», añade.
DOS RECURSOS ADMITIDOS
El recurso ante la Corte Suprema había sido doble. Por una parte, la National Federación of Independent Business y otros y por el estado Ohio y otros estados, ambos contra el Departamento de Trabajo, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y otros, equivalente a nuestro Ministerio de Trabajo.
«Los Estados y los empresarios nos dicen que el mandato de la OSHA les obligará a incurrir en miles de millones de dólares en costes de cumplimiento irrecuperables y hará que cientos de miles de empleados abandonen sus puestos de trabajo», dice el tribunal en su sentencia.
«Por su parte, el Gobierno Federal afirma que el mandato salvará más de 6.500 vidas y evitará cientos de miles de hospitalizaciones. (…) No es nuestro papel sopesar esas compensaciones. En nuestro sistema de gobierno, esa es la responsabilidad de los elegidos por el pueblo a través de procesos democráticos», destaca.
«Aunque el Congreso ha otorgado indiscutiblemente a la OSHA el poder de regular los peligros laborales, no ha dado a esa agencia el poder de regular la salud pública de forma más amplia. Exigir la vacunación de 84 millones de estadounidenses, seleccionados simplemente porque trabajan para empresas con más de 100 empleados, entra ciertamente en esta última categoría«, precisa.
Los seis jueces conservadores John G. Roberts, presidente, Samuel A. Alito, Jr., Clarence Thomas, John G. Roberts, Brett M. Kavanaugh, Neil M. Gorsuch y Amy Coney Barrett formaron mayoría en esta sentencia. Los progresistas Stephen G. Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor votaron en contra.
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En sus votos disidentes afirman que la mayoría de la Corte Suprema ha usurpado el poder del Congreso, del presidente y de la propia OSHA sin tener base legal alguna.
«Mientras la enfermedad y la muerte siguen aumentando, este Tribunal le dice a la agencia que no puede responder de la manera más eficaz posible. Sin base legal, el Tribunal usurpa una decisión que pertenece legítimamente a otros. Socava la capacidad de los funcionarios federales responsables, que actúan dentro del ámbito de su autoridad, para proteger a los trabajadores estadounidenses del grave peligro», afirman los tres jueces.