Norma del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección que faculta a las Cortes de Apelaciones a decretar orden de no innovar, se ajusta a la Constitución.

El Tribunal Constitucional rechazó los requerimientos de inconstitucionalidad interpuestos por la Municipalidad de Cholchol respecto del numeral 3°, inciso quinto del Auto Acordado N° 94 de 2015 de la Excma. Corte suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, en la parte que dispone: “el tribunal cuando lo juzgue conveniente para los fines del recurso, podrá decretar orden de no innovar”, todos los cuales inciden en recursos de protección seguidos ante la Corte de Apelaciones de Temuco.

En las gestiones pendientes, una acción de protección presentada por funcionarios en contra del municipio ante la no renovación de su contrata, éstos estiman vulnerado el artículo 19 N° 2, 16 y 24 de la Constitución, en razón de la insuficiente fundamentación del acto que le puso término anticipado. La Corte sustanciadora concedió la orden de no innovar solicitada, encontrándose pendiente de resolución la acción de protección.

La requirente de inconstitucionalidad arguye infracciones al artículo 19 N° 3, con motivo de la disposición cuestionada, que resulta contraria a las garantías de un procedimiento racional y justo. Alega que ha sido sometida a un procedimiento “prejuicioso y apresurado”, con una orden de no innovar que desde el instante en que el proceso se dirige en contra suya, le causa una parálisis abusiva y desproporcionada de su gestión, sin habérsele dado la oportunidad previa de defenderse ante las imputaciones de su contraparte. Afirma que la orden es equivalente a una condena anticipada dado que lo concedido es idéntico o equivalente a lo solicitado en el recurso, por lo que las Cortes de Apelaciones podrían decretar órdenes a su mera conciencia, sin considerar evidencia ni aquellos presupuestos procesales mínimos para toda medida cautelar. En relación a la naturaleza de las órdenes de no innovar, alega que, con la norma del Auto Acordado objeto del requerimiento, las cortes de alzada tomarían la facultad de expedir órdenes de no innovar en un sentido mucho más amplio y ajeno a sus orígenes (art. 192 del CPC), confundiéndolas con las medidas precautorias. En los casos planteados, la orden de no innovar impuesta constituyó una verdadera orden de renovar el contrato de las recurrentes, lo que es improcedente incluso para las medidas precautorias. Pese a ello, aquella prohibición no respetó presupuestos procesales básicos para toda medida precautoria, como lo son: la bilateralidad de la audiencia, caución por eventuales perjuicios, fumus boni iuris y periculum in mora.