Violencia sexual y reproductiva.
Corte Constitucional de Colombia ordena medidas de protección en favor de una mujer afrodescendiente y su hija recién nacida víctima de tráfico de NNA.
El Estado colombiano falló en su tarea de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de la mujer, perpetuando las violencias que se han ejercido en su contra y causándole daño al no asumir con la debida diligencia su caso.

La Corte Constitucional de Colombia acogió una acción de tutela en favor de una mujer afrodescendiente víctima de desplazamiento forzado, sin educación y en situación de discapacidad psicosocial y cognitiva, quien presuntamente habría sido víctima de varios abusos sexuales y los de su hija recién nacida, la cual aparentemente fue víctima de tráfico de niñas, niños y adolescentes (NNA).
La recurrente denunció que las entidades prestadoras de los servicios de salud que atendieron el parto entregaron a la niña recién nacida a un familiar sin el consentimiento de la madre, lo que provocó la posterior desaparición de la menor. Agrega que, le implantaron un dispositivo de planificación familiar de largo plazo sin su aprobación y sin considerar su situación de discapacidad cognitiva. Por otra parte, manifestó que la Comisaría de Familia que conoció sobre el abuso sexual del que habría sido víctima no emitió ninguna medida de protección a su favor, y la Fiscalía que tiene a cargo la investigación del caso no adelantó mayores actuaciones tendientes a lograr un avance en el proceso.
En ese contexto, la Corte evaluó los distintos aspectos de la vulneración que ha sufrido la recurrente, en especial aquellos relacionados con su derecho a la igualdad, la no discriminación y a una vida libre de violencia, así como la perspectiva de análisis interseccional en los casos de violaciones de los derechos de las mujeres y los estereotipos que históricamente le han sido asignados a las mujeres afrodescendientes. Por otro lado, analizó el caso a la luz de la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad y los derechos a tomar decisiones autónomas e informadas en materia sexual y reproductiva. Todo lo anterior, bajo el análisis del ordenamiento jurídico colombiano y los parámetros normativos internacionales que rigen la materia.
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