Corte de Santiago rechazó el reclamo deducido en contra del Consejo para la Transparencia que denegó solicitud de acceso a información sobre estudio de impacto ambiental de los años 90, que no ha sido ubicado.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo deducido en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT), que denegó solicitud de acceso a información sobre estudio de impacto ambiental de los años 90, que no ha sido ubicado.

El fallo señala que en el presente caso la petición se ha efectuado a un órgano del Estado por un particular que, además –y aunque no era necesario–, explicita que lo solicita porque dicha información recae en materias interés público como son las obligaciones contraídas por Termoeléctrica Mejillones. Y el motivo por el cual los antecedentes no se entregaron fue su extravío material desde el expediente administrativo que los contenía, atendido que originalmente estaban en únicamente en soporte físico por datar aquél de los años 90.

La resolución agrega que el artículo 31 bis de la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, establece que ‘Toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración’; y el Decreto N° 40 que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en su artículo 21 indica que ‘La evaluación de impacto ambiental del proyecto o actividad dar origen a un expediente físico o electrónico (…) que contendrá todos los documentos o piezas que guarden relación directa con la evaluación (…) foliados, se agregarán (…) con expresión de la fecha y hora de su recepción, respetando su orden de ingreso (…). El expediente se mantendrá disponible en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental o en la oficina del Director Regional o del Director Ejecutivo del Servicio, según sea el caso, donde podrá ser consultado’.