Entre el acto de formulación de cargos y el acto administrativo final que impone la sanción, la autoridad debe ser precisa y congruente respecto a las normas que se imputan infringidas.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por Corte de La Serena, que acogió el reclamo de ilegalidad deducido por el Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, en contra de la resolución exenta de la Superintendencia de Educación, que aprobó el proceso administrativo seguido en contra de la Escuela Básica David León Tapia y le aplicó una multa de 50 UTM, por lo que dejó sin efecto la sanción.

La recurrente alegó que el único cargo formulado en el procedimiento, fue que el “sostenedor que percibe subvención matricula a más estudiantes que los cupos totales reportados” y que los hechos en que se sustentó están contenidos en el acta de fiscalización, la que señala que el establecimiento educacional matriculó en los cursos 5° y 1° básico un número superior al cupo total informado en el Proceso de Admisión Escolar del año 2018, lo que fue constatado por el fiscalizador de la Superintendencia, hecho que fue constatado y no controvertido.

Refiere que, a raíz de los hechos expuestos, a través de una Resolución Exenta, el Director Regional de la Superintendencia de Educación le aplicó la sanción de 50 UTM. Añade que, haciendo uso del derecho conferido en el artículo 84 de la Ley N°20.529, interpuso una reclamación judicial en contra de la resolución, en la que objeta la falta de precisión en las normas transgredidas, toda vez que, si se compara lo señalado por la formulación de cargos de la Fiscal Instructora y la decisión de la Superintendencia de Educación en la resolución recurrida, se evidencia que en la primera de éstas se alega una infracción al artículo 7 inciso 2 del Decreto N°152/2016 del Ministerio de Educación, mientras la segunda, se invoca el artículo 7° sexies del DFL N°2, de 1998, del Ministerio de Educación.