Diario Constitucional

Remitido a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.

Corte Suprema envía al Congreso informe sobre proyecto de ley que endurece requisitos para optar a la libertad condicional de condenados por delitos cometidos en contra de menores de 7 años de edad y establece el cumplimiento efectivo de 60 años de presidio.

El máximo Tribunal reitera su criterio asentado, en orden a que se debe buscar una solución de fondo, más allá de modificaciones puntuales a los requisito para acceder a la libertad condicional o de aumento de penas para determinados delitos; solución que pasa por la creación de tribunales de ejecución de penas. Propuesta que el máximo tribunal viene planteando, a lo menos, desde el año 2000.

Por Redacción·10 de febrero de 2022·6 min de lectura
Imagen: matusycia.cl
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El tribunal pleno de la Corte Suprema analizó el contenido del proyecto de ley que restringe el derecho a la libertad condicional de condenados por delitos cometidos en contra de menores de 7 años de edad y establece el cumplimiento efectivo de 60 años de presidio. Informe que fue remitido a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la respuesta, la Corte Suprema reitera su criterio asentado, en orden a que se debe buscar una solución de fondo, más allá de modificaciones puntuales a los requisito para acceder a la libertad condicional o de aumento de penas para determinados delitos; solución que pasa por la creación de tribunales de ejecución de penas. Propuesta que el máximo tribunal viene planteando, a lo menos, desde el año 2000.

“Que en el más reciente informe de la Corte Suprema relativo a modificaciones al Decreto Ley N° 321, que Establece la Libertad Condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, y al endurecimiento de las condiciones para obtener la libertad condicional en determinados delitos, advirtió que el problema que se pretende resolver tiene raíces más profundas que no pueden subsanarse mediante reformas parciales. Este problema radica en la inexistencia de un sistema de ejecución penitenciaria que, por una parte, atienda todos los asuntos ligados con el cumplimiento de la sentencia y, por otra, asuma la tarea de resocialización e integración social de las personas condenadas”, recuerda el pleno de ministros.

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