Proyecto de ley sobre comercio ilegal se ajusta a la Constitución, resuelve el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional ejerció el control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica una serie de cuerpos legales con el objeto de aumentar las penas para los delitos de comercio ilegal y piratería, así como entregar herramientas a las autoridades y policías para hacer más efectiva la persecución penal de estos ilícitos, contenido en el boletín N° 5.069-03, luego de que Cámara de Diputadas y Diputados remitiera una copia de la iniciativa con el objeto de que se pronuncie sobre la constitucionalidad de las disposiciones que en el Oficio remisor indica.

De acuerdo con lo expresado en el debate, esta normativa legal no tiene por objeto perseguir a los vendedores ambulantes, sino entregar herramientas de mejor fiscalización, que permitan identificar y desbaratar a las bandas de crimen organizado que se nutren de este mercado gris.

Con este propósito, las normas sometidas a control constitucional disponen que cuando se investigare la asociación ilícita destinada a cometer alguno de los delitos que la ley indica, el juez de garantía, previa solicitud del Ministerio Público, podrá autorizar que los envíos ilícitos o sospechosos de los productos objeto de comercio ilegal se trasladen, guarden, intercepten o circulen dentro del territorio nacional, salgan de él o entren en él, bajo la vigilancia o el control de la autoridad correspondiente, con el propósito de individualizar a las personas que participen en la ejecución de tales hechos, conocer sus planes, evitar el uso ilícito de las especies referidas o prevenir y comprobar cualquiera de tales delitos. (Art. 3, inciso 1°).