La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena graves afectaciones al debido proceso y al derecho a la defensa en los procesos judiciales de las personas presas políticas en Nicaragua. Asimismo, urge al Estado a liberar inmediatamente a todas las personas detenidas en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018.
El 31 de enero el Ministerio Público ordenó, mediante comunicado de prensa, la reanudación de los juicios orales en contra de las más de 30 personas presas políticas que permanecen en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial («El Chipote») y de aquellas que están bajo arresto domiciliar, todas ellas acusadas por «cometer menoscabo a la integridad nacional», «haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos», entre otros. En el comunicado, el Ministerio Público señaló a estas personas como «criminales y delincuentes», y responsables de «los actos terroristas de la agresión del fallido intento de golpe de Estado del año 2018».
Ante la reanudación de estos procesos, que se suspendieron arbitrariamente por más de tres meses, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recibió información sobre graves afectaciones al derecho penal y falta de garantías judiciales. Particularmente, dichas audiencias se están realizando en las instalaciones de El Chipote, de manera privada y sin permitir el acceso a medios de comunicación independientes, lo cual sería contrario a la propia legislación nacional.
En algunos de los juicios, se niega el ingreso de familiares; mientras que las personas acusadas son presentadas en el juicio sin previo aviso. Por su parte, representantes legales han denunciado hostigamiento, acoso policial, despojo de pertenencias necesarias para participar en las audiencias. Asimismo, habrían sido objeto de cateos y revisiones desproporcionadas que derivaron en tocamientos indebidos a mujeres abogadas y familiares. La CIDH condena estos hechos, que constituyen violencia sexual, además afectan la dignidad e integridad personal y se utilizan para intimidar y humillar.
La CIDH recibió información sobre la manipulación de pruebas para inculpar a las personas procesadas, así como acusaciones basadas en testimonios de funcionarios públicos, publicaciones de redes sociales y en las actividades de liderazgo político, protesta social o de defensa de los derechos humanos. En todos los casos, los representantes legales han denunciado la obstaculización para acceder a los expedientes previo al juicio, tener contacto con las personas acusadas y la negativa de la autoridad judicial para dar trámite a peticiones y recursos.
Para la CIDH, resulta especialmente preocupante que continúen estos procesos, mediante la aplicación de leyes -como la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley 1055- que impiden el ejercicio de libertades públicas contrario a los estándares interamericanos y la consecuente imposición de penas desproporcionadas. Además, reitera su preocupación por las deplorables condiciones de detención y el grave deterioro de la salud de las personas, especialmente de las personas mayores, cuya condición sería crítica.
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En Nicaragua, esta manipulación del derecho penal y la criminalización de las personas identificadas como opositoras al gobierno responde a la falta de independencia judicial y separación de poderes de un Ministerio Público y un Poder Judicial sometido a la voluntad del gobierno en un claro desmedro del Estado de Derecho y de la democracia, conforme se señaló en el informe sobre «Concentración de poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua».
La CIDH expresa su solidaridad a las personas que están siendo juzgadas sin las garantías judiciales, así como a sus familiares, y urge nuevamente al Estado liberar inmediatamente a todas las personas presas políticas y a quienes están detenidas en el contexto de la crisis, desde el 2018.
Vea informe sobre «Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua».