Acción de protección deducida en contra de la CGR por ordenar el reintegro de remuneraciones, se admite a trámite.

La Corte Suprema revocó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago y declaró admisible la acción de protección deducida en contra de la Contraloría General de la República (CGR) por rechazar, a juicio del actor infundadamente la condonación de una deuda por remuneraciones que el recurrente percibió y sostiene no debe devolver.

El recurrente expone que luego del rechazo de licencias médicas por COMPIN, la CGR le ordenó el reintegro del 50% de las remuneraciones percibidas, sin explicar cuáles fueron las razones para adoptar tal decisión. Afirma que la Contraloría tiene la obligación legal de motivar todos los actos administrativos que emita, ya que es uno de los elementos que evita la discrecionalidad, arbitrariedad e ilegalidad de las actuaciones los órganos del Estado. La falta de motivación del acto produce una arbitrariedad, lo que que vulnera las garantías constitucionales de los números 9, 19 y 24 de la Constitución, toda vez que queda privado de reclamar a la administración por el origen o motivos de la decisión y/o comprender cuál es realmente la génesis de su obligación.

La Corte de Santiago declaró inadmisible la acción, tras estimar que los hechos denunciados sobrepasan los márgenes de protección de la acción cautelar, ya que deben ser ventilados en mediante un procedimiento contencioso de lato conocimiento.