Durante un procedimiento laboral el empleador debe hacer presente la imposibilidad de reintegrar al trabajador y pagar las indemnizaciones que procedan, resuelve la Corte Constitucional colombiana.

La Corte Constitucional de Colombia resolvió que un municipio del país vulneró los derechos fundamentales de una trabajadora por no reintegrarla a su puesto de trabajo, pese a que un tribunal laboral lo ordenó. La Contraloría Municipal, emitió una resolución declarando la imposibilidad jurídica y fáctica del reintegro de la trabajadora a su lugar habitual de trabajo.

La Corte refiere que la ley N° 1.437 consagra un plazo excepcional de 20 días hábiles para que los empleadores comuniquen la imposibilidad de cumplir con el reintegro ordenado mediante sentencia, con el objeto de decretar una indemnización compensatoria. Está modificación que permite la ley es una excepción al desasimiento del tribunal, toda vez que permite al sentenciador modificar su fallo y decretar una indemnización en lugar del reintegro al lugar habitual de trabajo.

Agrega que, en atención a la norma citada, el empleador que se ve imposibilitado de cumplir con la sentencia primitiva, en este caso el órgano administrativo, se encuentra obligado a comunicar al tribunal dicho obstáculo, de lo contrario el juzgador no podrá modificar el fallo.