En una votación de cuatro votos a favor y uno en contra, el Tribunal Constitucional declaró admisible el recurso presentado por el ex comandante en jefe del Ejército, general (R) Ricardo Martínez, quien cuestiona faltas al debido proceso en la indagatoria que se sigue en su contra.
La acción legal presentada por el abogado defensor del oficial (R) es un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y apunta a la indagatoria que lleva adelante la ministra Romy Rutherford. En el documento, se indica que la investigación cuenta con dos falencias contrarias a la Constitución.
La primera apunta a fallas a las reglas del debido proceso, pues Rutherford pretendía que el general (R) no declarara en presencia de su abogado defensor, como lo establecen las reglas de la justicia militar.
La segunda fue catalogada como “contrabando legislativo”. Esto hace referencia a que se han pasado a llevar controles legales y constitucionales, con el objetivo de que el Congreso apruebe las leyes que permitieron la extensión del periodo de Romy Rutherford como ministra en visita para indagar el caso del Fraude en el Ejército.
Tras la decisión del TC de esta jornada, el abogado Juan Carlos Manríquez indicó que “la resolución del Tribunal Constitucional es un avance muy significativo en la demostración de las distintas faltas y ausencias en el respeto de los derechos fundamentales que este tipo de procedimientos militares antiguos provocan sobre los derechos de los justiciables. Ahora seguiremos avanzando. Vamos a tratar las imputaciones de fondo para poder confrontarlas y dejar sin efecto el auto de procesamiento. En paralelo, continuaremos avanzando hasta el pleno reconocimiento de que la justicia militar hoy no se ajusta a los estándares internacionales en materia de debido proceso y respeto de los derechos humanos”.
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