Recurso de protección rechazado.
Verificar el domicilio particular o laboral de una persona o empresa no es una acción que se encuentre prohibida por la ley.
Los servicios contratados para ello no infringen las normas de la Ley N°19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Valparaíso, que rechazó el recurso de protección interpuesto por un particular en contra del padre de su hija.
En su libelo, la actora indica que, en una causa de protección seguida ante el Juzgado de Familia de Viña del Mar, donde ella tiene la calidad de requerida, el padre de la niña ofreció como medio probatorio un “informe de inteligencia” respecto de la niña, el cual consistía en la verificación del domicilio de la misma. Esto, por reiteradas ocultaciones de domicilio efectuadas por la madre, lo que le hizo incumplir el régimen comunicacional, sin que el informe fuera aceptado por el tribunal.
Sostiene que dicho informe de inteligencia es un acto ilegal y arbitrario, ya que el monopolio de esta materia está entregado por la Ley N°19.974 a la Agencia Nacional de Inteligencia y no a particulares, razón por la cual estima que la actividad de seguimiento a la que se ve expuesta junto con su hija, vulneran sus derechos a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, vida privada e inviolabilidad del hogar; por lo tanto, pide a la Corte que ordene al recurrido cesar toda comunicación y hostigamiento hacia ella y su hija.
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