Mujeres divorciadas están expuestas a violencia económica por lo que es responsabilidad del Estado adoptar medidas para mitigar los efectos negativos, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional de Colombia exhortó al gobierno a implementar medidas efectivas que otorguen protección a la violencia económica que afecta a las mujeres divorciadas, especialmente, en su periodo de vejez, al pronunciarse sobre el caso de dos mujeres de la tercera edad, divorciadas, a quienes se les suspendió el beneficio de pago de alimentos producto de la muerte de sus esposos, ambos militares retirados. Los alimentos fueron fijados por los respectivos tribunales de familia a título de compensación económica y pagados mensualmente mediante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Sin embargo, el pago se suspendió con la muerte del cónyuge.

El fallo señala que es necesario analizar estos casos bajo la perspectiva de género y las distintas dimensiones del principio de igualdad, ya que no existen precedentes que resuelvan situaciones similares y la normativa vigente no ofrece respuesta a este tipo de causas. En ese sentido, refiere que el enfoque de género y social devela escenarios de violencia y de discriminación estructural e indirecta en las relaciones matrimoniales, el divorcio y los alimentos.

Asimismo, el fallo constata que estas situaciones son producto de la mayor carga que deben asumir las mujeres en las labores de cuidado, lo que se suma a su marginación e intermitencia en el mercado laboral y la posibilidad de desempeñar actividades económicas para alcanzar una autonomía económica que les permita acceder al sistema de seguridad social. Dicha situación se profundiza en el divorcio, ya que las mujeres quedan desprovistas de los ingresos para mantenerse en condiciones mínimas de dignidad y carecen de las opciones para acceder a una pensión de vejez debido a su falta de experiencia o especialización en el mercado.