Exigir la devolución de las remuneraciones pagadas a funcionaria por los servicios prestados durante el desarrollo del vínculo entre las partes, excede la competencia de la potestad invalidatoria.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Arica y acogió el recurso de protección deducido en contra de la Municipalidad de Arica por la dictación del acto administrativo que invalidó diversos Decretos Alcaldicios y contratos de la recurrente con el municipio y le ordenaba la restitución del dinero percibido a título de remuneraciones.

Expone la actora que el proceso invalidatorio tuvo su origen en un Oficio de la Contraloría que instruye invalidar sus contrataciones luego de que se recibiera una denuncia anónima que acusaba que en el municipio se vulneraba la ley de probidad, debido a su parentesco con el Secretario Municipal, que es su tío. Reseña que la entidad de control ordenó ajustarse al artículo 53 de la Ley Nº19.880 para la invalidación de las contrataciones, arbitrar las medidas necesarias para obtener la restitución de los emolumentos pagados e instruir un procedimiento disciplinario.

El procedimiento culminó con la dictación del Decreto mediante el cual se invalidaron todos los Decretos Alcaldicios y contratos, desde abril del año 2012 a julio de 2019, decisión que además le ordenó restituir en arcas municipales la suma de $119.402.772, lo que la actora estima expropiatorio, y presume su mala fe.