La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOEUE), analizó en terreno las elecciones regionales y municipales que se llevaron a cabo en Venezuela, a fin de evaluar el grado de cumplimiento de las leyes nacionales y los compromisos internacionales que ha asumido el Estado en materia electoral.
Al respecto, precisó que las elecciones presidenciales de noviembre de 2021 fueron las primeras elecciones nacionales, desde 2015, en las que participaron la mayoría de los partidos de oposición, lo que se observa como un posible primer paso hacia un amplio acuerdo político sobre las condiciones necesarias para llevar a cabo unas elecciones democráticas aceptadas por todas las partes y avanzar en la reinstitucionalización del país.
Asimismo, observó deficiencias estructurales que deberían abordarse en futuras elecciones, como la falta de seguridad jurídica, que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos, así, como la repetición de las elecciones en el estado de Barinas, la entrega de los símbolos y de la tarjeta electoral de partidos a facciones internas minoritarias, el amplio uso de recursos del Estado en la campaña y el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación. No obstante, la MOE reconoce que las elecciones contaron con mejores condiciones logísticas que las elecciones del período anterior, destacando, una administración electoral más equilibrada, la realización de varias auditorías en diferentes etapas del proceso electoral y una actualización más amplia del registro votante.
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Respecto al marco legal electoral, la MOE sostiene que Venezuela cumple con la mayoría de los principios internacionales básicos para elecciones. Sin embargo, algunas normas relacionadas con los medios de comunicación y, sobre todo, la falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho comprometen la igualdad de condiciones, la imparcialidad y transparencia de las elecciones. Una muestra de ello es que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en sentencias muy controvertidas, entregó el control de la identidad del partido y el uso de sus símbolos a facciones minoritarias disidentes que los habían reclamado. Además, la suspensión arbitraria del derecho de candidatos de oposición a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación, puso en peligro el proceso de mejora de las condiciones electorales del país iniciado con las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021.
Para concluir, la Misión de Observación recomendó al Estado venezolano reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del Poder Judicial, a través de normas que aseguren una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del poder electoral, también sugirió llevar a cabo una campaña de educación al votante, a fin que aumente la confianza en la integridad y el secreto del voto electrónico, y muestre a los electores cómo votar por diferentes opciones políticas en elecciones simultáneas. Asimismo, sugirió suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa.
Finalmente, expresa la necesidad de equilibrar la cobertura de los medios de comunicación estatales durante las campañas electorales, en línea con la Ley Orgánica de Procesos Electorales y las buenas prácticas internacionales.