La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), condenó el aumento de asesinatos a periodistas en México, por lo que instó al Estado a investigar y sancionar los hechos, adoptando las pertinentes medidas de diligencia, imparcialidad y enfoque interseccional, tomando en consideración la labor periodística como un posible móvil de los crímenes.
La Comisión afirma que, las autoridades mexicanas del Estado de Sinaloa indicaron que no habría denuncias formales sobre amenazas o intimidaciones hacia los periodista y aseguraron que no habrá impunidad, pues se agotarán todas las líneas de investigación. Sin embargo, el Organismo Internacional manifestó su preocupación frente a la normalización y agudización de la violencia contra periodistas, por lo que instó a las autoridades estatales a dimensionar las causas y los efectos de este fenómeno, a tomar medidas interseccionales y complementarias a las que están en curso en materia de prevención a la violencia, protección de periodistas y lucha contra la impunidad de los crímenes contra la prensa.
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Asimismo, reiteró que, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, los Estados están llamados a garantizar el libre ejercicio de la labor periodística y que, tal como lo ha señalado en resoluciones previas, la obligación de prevención resulta particularmente importante en países en los cuales existe un riesgo de que se produzcan estos hechos y en situaciones concretas en que las autoridades conocen el riesgo real e inmediato de que se cometan tales delitos.
Por ello, la Relatoría Especial llama al Estado a realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial conforme a su Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a la par de brindar respuestas institucionales contundentes y acordes al fenómeno de violencia que enfrenta la prensa en el país.
Además, enfatiza la importancia de que las autoridades hagan uso de sus posiciones de liderazgo para contrarrestar y hacer frente a la violencia contra la prensa, reconociendo de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística para la democracia, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica o contraria a los intereses gubernamentales.