Deficiente diseño del nuevo proceso de elaboración de la ley en la propuesta constitucional, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.

La propuesta de la Convención Constitucional (CC) no se hace cargo del problema que genera la alta fragmentación de las fuerzas políticas en el Congreso y la falta de gobernabilidad que ello trae aparejado. Esto representa una dificultad mayor para nuestra institucionalidad y el borrador de la CC no entrega propuestas concretas respecto a cómo el sistema electoral, que debe detallarse por ley, podría brindar mayores niveles de gobernabilidad, señala una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo que lleva por título “Deficiente diseño del nuevo proceso de elaboración de la ley en la propuesta constitucional”

En concreto, en lo que se refiere al proceso legislativo, esta señala que se desatiende la importante experiencia y tradición constitucional acuñada respecto a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República (la que fue incorporada paulatinamente en nuestros textos constitucionales anteriores, justamente para hacerse cargo de la captura, el clientelismo, desorden fiscal y problemas de economía política que produjo que ciertas materias legislativas estuvieren disponibles a los parlamentarios), de ese modo, agrega la publicación, se pierden los contrapesos entre Cámara de Diputados y Senado (que desaparece y es reemplazada por una débil Cámara de las Regiones que es orbital a la discusión legislativa) y se elimina la revisión de constitucionalidad que sobre los proyectos de ley y tratados internacionales efectúa hoy el Tribunal Constitucional. A su turno, se pierde la visión de largo plazo en el debate debido a que los representantes regionales durarán 4 años y no 8 como los senadores actuales.

El estudio agrega que el procedimiento legislativo ideado carece mayormente de instancias de revisión y queda entregado al Congreso de Diputados que toma prácticamente todas las decisiones por mayorías simples. Estas mayorías se verán alteradas por la introducción de escaños reservados para pueblos indígenas, adicionales a los 155 miembros que, a lo menos, han de componer el Congreso de Diputado(a)s. Algo similar ocurrirá en la Cámara de las Regiones.