Recurso de casación en el fondo acogido.
Los plazos de días hábiles en procedimientos administrativos no incluyen al día sábado para su cómputo.
Municipio computó mal el plazo de un reclamo de ilegalidad, al aplicar la regla de los plazos judiciales del Código de Procedimiento Civil, cuando debió aplicar las disposiciones de la Ley N°19.880 sobre el plazo administrativo.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que rechazó un reclamo de ilegalidad por extemporáneo, presentado en contra de la Municipalidad de Las Condes por el cobro de patente municipal.
Un estudio de abogados dedujo reclamo de ilegalidad en contra de la resolución edilicia que le cobra deudas por concepto de patente municipal en relación a periodos anteriores a que se le otorgara tal permiso. Sostiene que la presunta deuda es utilizada como argumento por la reclamada para impedir el pago de la patente en los periodos posteriores a su otorgamiento. En tal sentido expresa que el día 8 de abril del año 2019 se le otorgó la patente comercial de oficina sin afluencia de público, y el 3 de septiembre del 2019 mediante comunicación telefónica le informan desde el municipio que posee una deuda de patente impaga de $58.612.587, que corresponde al periodo del año 2005 hasta esa fecha.
Añade que el 18 de octubre del 2019 dedujo reclamo de ilegalidad ante el municipio, el cual no fue resuelto y transcurrieron los 15 días que tenía el municipio para hacerlo, por lo que se entiende rechazada la acción. Indica que en razón del artículo 23 del DL N°3063, la patente municipal es un impuesto, y por ello resulta imposible que una Municipalidad pueda efectuar un cobro retroactivo de ella si la ley no lo permite, ni lo prohíbe, sino que simplemente no lo regula, por lo que debe concluirse entonces que una conducta restrictiva, prohibitiva o permisiva que busque relacionarse con un impuesto debe encontrarse consagrada por ley, de manera tal que pretender un cobro retroactivo de una patente municipal con anterioridad a su otorgamiento es inconstitucional; por lo tanto, solicita a la Corte que declare ilegal el cobro pretendido por la reclamada.
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