Reforma constitucional para la protección de la infraestructura crítica quedó rechazada.

La moción, presentada en noviembre del 2019 por la Senadora Carmen Gloria Aravena y el Senador Kenneth Pugh, originalmente contemplaba un estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, con el fin de permitir el empleo de fuerzas militares para realizar despliegue preventivo en protección de infraestructura crítica nacional, sin restringir las libertades consagradas en la Constitución a las personas, dado el contexto político que se vivía en dicho periodo posterior al estallido social de octubre del 2019.

Dicho proyecto de reforma constitucional, después de una extensa tramitación, llegó a discutirse en Comisión Mixta, en donde se logró un acuerdo trasversal que fue aprobado por ambas corporaciones, siendo despachado a ley el pasado 11 de julio por la Cámara de Diputadas y Diputados.

La propuesta incorporaba una nueva disposición a la Constitución, que entregaba al mandatario la facultad de «disponer, mediante decreto supremo fundado, suscrito por los Ministros del Interior y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto».