Control preventivo y obligatorio.
Proyecto de ley sobre publicidad visible desde caminos, vías o espacios públicos se ajusta a la Constitución, resuelve el Tribunal Constitucional.
El artículo 4°, incisos primero y tercero, el artículo 20, inciso segundo, y el artículo 28, inciso primero, en la frase “y será competente para conocer y resolver el juzgado de policía local del lugar de emplazamiento del elemento publicitario”, inciden en una materia propia de ley orgánica constitucional y se ajustan a la Constitución.

El Tribunal Constitucional declaró que el Proyecto de Ley aprobado por el Congreso Nacional sobre publicidad visible desde caminos, vías o espacios públicos, correspondiente a los Boletines N° 9.686-09 y Nº 10.209-09 (refundidos), se ajusta a la Constitución Política, luego de que el Senado le remitiera la iniciativa legal con el objeto de que la Magistratura Constitucional ejerza el control de constitucionalidad respecto de los artículos 4°; 6°; 7°; 8°; 9°; 10; 11; 12; 14; 18; 19; 20, inciso segundo; 28, inciso primero; 33, inciso final y 39 letra b), del proyecto de ley, en la medida que regulen materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional.
De total de las normas sometidas a control, la Magistratura Constitucional calificó como una materia propia de ley orgánica constitucional sólo las regulaciones contenidas en el artículo 4°, en sus incisos primero y tercero, el artículo 20, en su inciso segundo, y el artículo 28, en su inciso primero, pero únicamente en lo referido a la frase “y será competente para conocer y resolver el juzgado de policía local del lugar de emplazamiento del elemento publicitario”.
Luego de transcribir los artículos 38, inciso primero, 77, inciso primero, y 118, inciso quinto, de la Carta Fundamental, el fallo señala que el artículo 4°, inciso primero, establece que, para la instalación de un elemento publicitario, sea en un bien nacional de uso público, bien fiscal, bien municipal o bien privado, se requiere del permiso de instalación que regula el proyecto de ley, otorgado por la Dirección de Obras Municipales, previo pago de los derechos municipales correspondientes.
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