La acción típica en el delito de poner en peligro de la salud pública, debe materializarse en actos que atenten contra ese bien jurídico más alla de una prohibición administrativa de circular por la noche.

La Corte Suprema acogió el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia dictada por el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, que condenó al imputado como autor del delito de poner en peligro la salud pública al infringir las reglas de higiene y salubridad, a la pena de multa de 1 UTM.

El recurrente invocó, como motivo principal de nulidad, la causal contenida en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, al estimar vulnerado el debido proceso y, en subsidio, acusa una infracción al principio de legalidad.

Sostiene que si se interpreta el artículo 318 del Código Penal que establece el ilícito acusado como un delito de peligro concreto, se requiere un estado más próximo de lesión del bien jurídico que no se presenta en la especie. Agrega que quienes entienden la salud pública como un bien jurídico colectivo o supraindividual, sostienen la figura penal del artículo 318 como un delito de peligro abstracto, pero lo cierto es que en este caso tampoco el tipo penal se satisface con la mera “infracción de las reglas higiénicas o de salubridad”, como una instrucción de aislamiento social nocturno, sino que requiere la creación de un estado de peligro que es un elemento adicional a la conducta desobediente. De esta manera la conducta debe tener, conforme al principio de lesividad y la exigencia del tipo penal, la aptitud suficiente para poner en riesgo el bien jurídico tutelado, lo que no ocurre en este caso.