La Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó un acuerdo de solución amistosa alcanzado entre el Estado colombiano y la familia de una persona asesinada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La víctima, que se desempeñaba como jefe del parque nacional El Cocuy y de una entidad ambiental, habría sido acribillada por miembros del ELN durante una toma realizada por esta milicia, en 1988. Tras ello, su familia demandó al Estado colombiano por considerar que no tomó las medidas necesarias para proteger al fallecido, a pesar de haber recibido múltiples amenazas de muerte.
Si bien en primera instancia la demanda fue acogida, posteriormente fue revocada por el tribunal ad quem que resolvió su improcedencia “(…) por considerar que en el caso se configura una causal de exoneración de responsabilidad, cual es el hecho de un tercero”.
Tras este fallo adverso, la familia dedujo una petición ante la CIDH para que investigara los hechos. Alegaron que las omisiones del Estado vulneraron los derechos a la vida, y a la igualdad ante la ley, consagrados en los artículos 4 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), respectivamente.
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En virtud de esta petición las partes suscribieron un acta de entendimiento para avanzar en una solución amistosa (2021).
El Estado reconoció su responsabilidad internacional por omisión debido a la falta de diligencia en las investigaciones llevadas a cabo tras el asesinato, lo cual impidió que los hechores fueran identificados y, por ende, condenados.
En razón de estas consideraciones, la CIDH resolvió declarar y aprobar el acuerdo, que consiste en las siguientes medidas de reparación: entrega de una carta de dignificación a la familia, publicación del acuerdo en sitios web gubernamentales y pago de una indemnización pecuniaria.
Vea informe Comisión Interamericana de Derechos Humanos 68/22.