La Memoria del máximo órgano de garantías de España correspondiente a 2021 fue entregada por el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, al Rey Felipe VI.
En ella se refleja que en 2021 se produjo en España un importante aumento de la demanda de justicia constitucional, con un total de 8.370 asuntos jurisdiccionales nuevos ingresados en el Tribunal Constitucional (TC), 1.800 asuntos más que en 2020, en plena pandemia, cuando se registraron 6.570, lo que supone un incremento del 27,39%.
Las solicitudes de amparo constitucional aumentaron, pasando de 6.515 en 2020 a 8.294 en 2021, así como la cifra de recursos de inconstitucionalidad, que pasan de 24 en 2020 a 39. De ellos, 26 fueron promovidos por diferentes grupos parlamentarios (17 respecto de leyes estatales y los otros 9 frente a leyes autonómicas), mientras que el presidente del Gobierno interpuso ocho frente a leyes autonómicas, y las asambleas legislativas y gobiernos autonómicos recurrieron cinco leyes estatales.
También se incrementaron las cuestiones de inconstitucionalidad, con 35 en 2021 frente a 27 en 2020.
La casi totalidad de los nuevos recursos de amparo fue promovida por particulares: 8.256, de los cuales 7.416 fueron interpuestos por personas naturales y 840 por personas jurídicas de Derecho privado. Los entes públicos plantearon 33 demandas de amparo, el Defensor del Pueblo una y el Ministerio Fiscal otras dos.
Con respecto a su origen, persistió el ya tradicional predominio de los recursos de amparo planteados en relación con resoluciones del orden jurisdiccional penal: 4.255, el 51,30%. Se incrementó el número de amparos procedentes de todos los órdenes jurisdiccionales.
Así, las demandas procedentes del orden jurisdiccional civil ascendieron a 1.534, el 18,49% (en 2020 se registraron 1.154, el 17,71%); del contencioso-administrativo se recibieron 2.101 demandas, el 25,33% (en 2020 fueron 1.585, el 24,32%); desde el orden social ingresaron 334 demandas, el 4,02% y procedentes de la jurisdicción militar se plantearon 28 demandas de amparo.
También se promovieron 26 recursos de amparo frente a actos parlamentarios sin valor o fuerza de ley promovidos por el cauce del artículo 42 de la Ley Orgánica del TC, un número prácticamente idéntico al de 2020, cuando fueron 25 los recursos de amparo de
procedencia parlamentaria. Y hubo cuatro recursos de amparo electoral.
En 6.600 de los recursos se solicitaba el amparo para una o varias de las garantías proclamadas en el artículo 24 de la Constitución (estos derechos fueron invocados en el 79,57% de las demandas de amparo). El derecho a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Carta Magna fue invocado en 1.245 demandas de amparo (el 15%). Del resto de derechos fundamentales y libertades públicas protegidos en amparo destacan las 848 invocaciones del derecho a la legalidad penal (10,22%), las 504 del derecho a la libertad y seguridad (6,07%) y las 304 de los derechos a la intimidad, honor y propia imagen del artículo 18 de la Constitución (3,66%).
A lo largo de 2021 se presentaron dos cuestiones internas de inconstitucionalidad y los órganos judiciales presentaron otras 33 cuestiones de inconstitucionalidad. Los tribunales superiores de justicia plantearon 21 (tres en relación con leyes del Estado y 18 respecto de preceptos autonómicos con rango de ley), y los juzgados unipersonales, 9. Además, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional elevaron una cuestión cada uno, en relación con sendas leyes estatales.
El documento, que recoge la actividad institucional y jurisdiccional del órgano, revela que el número de sentencias dictadas es similar al del año anterior: 192 frente a las 195 en 2020. De ellas, 36 han resuelto procesos de inconstitucionalidad y 156, demandas de amparo.
El TC dictó 7.204 resoluciones en 2021, de las que 6.915 fueron definitivas, una cantidad inferior a la de 2020, año en el que se dictaron 7.087.
Entre las sentencias, por su interés jurídico-político destacan las tres en las que el Pleno del Tribunal enjuició la conformidad con la Constitución de varios reales decretos de declaración del estado de alarma por el Covid, que son la número 148/2021, de 14 de julio; 168/2021, de 5 de octubre; y 183/2021, de 27 de octubre.
De indiscutible trascendencia práctica es la sentencia que completó una serie de pronunciamientos sobre la adecuación a la Constitución de la regulación legal del impuesto sobre incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana (182/2021, de 26 de octubre).
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También, una resolución que complementó otra de 2020, ambas pronunciadas en procesos que tuvieron por objeto diversos preceptos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Asimismo, el TC resolvió un recurso de inconstitucionalidad respecto al artículo único de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que introdujo la pena de prisión permanente revisable. Entre las sentencias dictadas el año pasado resaltan también las cinco sentencias dictadas por el Pleno que desestimaron los recursos de amparo promovidos por algunos de los condenados por la sentencia del ‘procés’.
Vea la memoria completa pinchando aquí.