Se necesita de un tiempo y recurso humano excesivo.
CPLT desestimó amparo de acceso a información sobre querellas penales interpuestas por el CDE durante la última década en contra de funcionarios de la Administración.
Se recomendó al CDE ajustar su plataforma a los estándares de la ley 21.180 sobre transformación digital del Estado y sugirió al reclamante presentar un nuevo requerimiento de información acotando los datos y período de manera de facilitar la búsqueda del organismo público.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) rechazó el amparo de acceso a la información deducido en contra del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y negó la solicitud de información pormenorizada de causas penales iniciadas en contra de autoridades administrativas durante el último decenio, al estimar que ello implicaría que el CDE debiera destinar a un funcionario de forma exclusiva a esta tarea por casi cuatro meses, distrayéndose indebidamente de sus funciones habituales.
El CDE sólo había proporcionado al peticionario una parte de la información relacionada a los roles y tribunales de las causas judiciales de protección o de nulidad de derecho público de los últimos 10 años, en que se hizo parte o asumido la defensa de funcionarios públicos y/o organismos de la Administración del Estado.
Considerando incompleta la respuesta el peticionario interpuso amparo de acceso a la información el que fue admitido a trámite por el CPLT que confirió traslado al CDE, que amparado en el artículo 21 N°1 letra C) de la Ley de Transparencia alegó que le resulta imposible proporcionar antecedentes en los términos requeridos y que para entregarlos necesitaría destinar de forma exclusiva a un funcionario con el objeto de efectuar un trabajo de recopilación de las 4.038 querellas penales interpuestas por el CDE durante la última década, de manera de llegar a los filtros de la petición. Estima que el tiempo necesario para concluir esta tarea es de 673 horas, puesto que se requiere de 10 minutos promedio para revisar cada causa, y la jornada laboral de un funcionario es de 44 horas semanales, por lo tanto, se debería destinar a este de forma exclusiva por más de 15 semanas, lo que obstruiría el cumplimiento de sus labores.
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