Acuerdos suscritos por el Gobernador de Magallanes y 10 alcaldes con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), no se ajustan al derecho interno dictamina la Contraloría.

En presentaciones separadas el Diputado Christian Matheson y otras tres personas, denunciaron a la Contraloría General de la República que el Gobernador Regional de Magallanes y la Antártica Chilena se excedió en el ámbito de sus atribuciones al suscribir un acuerdo de cooperación internacional con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), determinación que invadió la esfera de atribuciones que le corresponden al Presidente de la República y a Cancillería, en materia de política exterior.

También el Diputado Roberto Muñoz y otra persona, denunciaron a la Contraloría que las Municipalidades de Estación Central, Valparaíso, Arica, Concepción, Talcahuano, Recoleta, Santiago, La Pintana, Ñuñoa y Puerto Natales suscribieron –en forma separada entre ellas- convenios de cooperación con el ACNUR.

Los convenios de cooperación institucional con la ACNUR, puntualiza el Contralor, fueron suscritos con el objeto de que las comunas respectivas se incorporen al programa “Ciudades Solidarias” desarrollado por la ONU, cuya finalidad es llevar adelante en forma conjunta “las acciones que se consideren necesarias para garantizar la protección y la inclusión socioeconómica de la Población de interés de ACNUR en Chile, en particular facilitando el acceso al pleno goce de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales”, además, de establecer una serie de objetivos específicos y compromisos a los que se someten los órganos suscriptores, como asimismo el mecanismo de soluciones de controversias.