Corte Suprema de Argentina.
Detención y tortura de hombre durante la dictadura militar en Argentina es un delito de lesa humanidad y no un delito común.
La política del terrorismo de Estado motivó un ataque sistemático que incluyó toda clase de violaciones a los derechos fundamentales de quienes estaban vinculados a actividades políticas, sindicales y gremiales, en razón de que eran visualizados como oponentes y, por tanto, blancos del régimen.
La Corte Suprema de Argentina acogió el recurso extraordinario deducido contra un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, resolviendo que el recurrente fue víctima de delitos de lesa humanidad y no de delitos comunes.
En 1977, en plena dictadura, el recurrente fue detenido y torturado por las fuerzas de seguridad, por su condición de dirigente gremial. Por estos hechos demandó a los hechores.
Si bien la demanda fue acogida en primera instancia, la Cámara revocó el fallo porque consideró que los hechos acreditados no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad. Fundó su decisión en que “(…) el demandante fue detenido en el marco de un proceso judicial, iniciado tras una denuncia por presunta defraudación, por lo que no se puede sostener que lo ocurrido haya tenido vinculación con el plan generalizado y sistemático de represión. Tampoco se demostró que hubiera sido un perseguido político”.
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