La tutela judicial efectiva vía recurso de amparo es especialmente necesaria cuando el afectado es un anciano y en estos casos no debe estar supeditada exclusivamente a la observancia de los requisitos establecidos por el legislador.

La Corte Suprema de Argentina acogió la acción de amparo deducida por una pensionada a la que un fallo judicial le negó su afiliación al Instituto de Obra Social de Entre Ríos (IOSPER). Esta decisión la privó de cobertura médica.

La recurrente, una profesora jubilada, solicitó vía judicial la referida afiliación, la cual fue acogida por el tribunal. Sin embargo, un fallo de segunda instancia revocó esta decisión por considerar que “(…) por haberse desempeñado como docente tiene la cobertura de la Obra Social de Docentes Particulares (OSDOP). La actora no alegó ni demostró padecer un problema de salud urgente. Por ello, el reclamo no puede tramitarse por la vía del amparo”.

Contra este fallo dedujo amparo en estrados de la Corte Suprema. Alegó que “(…) la sentencia la deja sin cobertura médica afectando sus derechos constitucionales a la salud, al debido proceso y a la igualdad ante la ley, así como el principio de legalidad. Además, sostiene que la sentencia es arbitraria, esgrimiendo como reproche central que la decisión se haya sustentado en una supuesta afiliación inexistente”.