La Sala de la Cámara aprobó una resolución, por 83 votos a favor, 40 en contra y 17 abstenciones. En ella se solicita al Ejecutivo que instruya a los ministerios de Educación y de las Culturas a realizar un trabajo en conjunto e intersectorial para la elaboración de programas escolares que incluyan espacios formativos para prevenir la violencia escolar.
El texto recuerda que los niños, niñas y adolescentes (NNA), durante el confinamiento, en la pandemia, se vieron aislados de sus amigos y pares. Así, esta reducción en la socialización generó grandes riesgos para su salud mental.
Para apoyar sus planteamiento, el documento expone la información recabada por el Colegio de Profesoras y Profesores de la comuna de La Serena. El estudio estableció que el 72,3% de los encuestados asegura que ha presenciado actos de violencia entre los estudiantes. Asimismo, otro 42,3% señala haber presenciado actos de violencia entre otros miembros de la comunidad escolar (profesores, funcionarios, apoderados).
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En tal contexto, se estima de suma relevancia que se adopten políticas o programas para abordar la violencia escolar. De tal forma, se daría cumplimiento a lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.
Dicho argumento se toma como base para instar a realizar diálogos al interior de los establecimientos educacionales, con metodologías y mecanismos que consideren las edades de las y los educandos.
La resolución es de autoría de Nathalie Castillo, María Candelaria Acevedo, Viviana Delgado, Andrés Giordano, Claudia Mix, Alejandra Placencia, Daniela Serrano, Alejandro Bernales, Camila Musante y Ericka Ñanco.