Derecho a la tutela judicial efectiva.
Corte Suprema de Ecuador fija reglas para determinar la competencia de los tribunales que deben ejecutar las reparaciones integrales dictaminadas en sede penal.
La reparación integral es un derecho de rango constitucional, que tiene como finalidad resarcir los daños ocasionados a víctimas de infracciones penales, así como también de violaciones a los derechos humanos y constitucionales. La reparación integral hace referencia a los daños materiales o pecuniarios generados en perjuicio del patrimonio de la víctima, y a los daños de carácter inmaterial.

La Corte Suprema de Ecuador emitió un dictamen en el que determina las reglas que se deben observar respecto a la ejecución de las reparaciones integrales dictadas en sede penal.
La resolución se dictó al tenor del artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial, que faculta al pleno de la Corte a “(…) expedir resoluciones en caso de duda u obscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la ley”.
Observa que “(…) el artículo 75 de la Constitución reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita. El derecho a la tutela judicial efectiva, entre sus elementos contiene el derecho a la efectividad de las decisiones jurisdiccionales, dentro de éste se encuentra el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, entre ellas, la reparación integral a favor de la víctima. La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constitución y las leyes, y que se ejerce según las reglas de la competencia”.
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