La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe que aborda la delicada situación humanitaria que atraviesa Haití. La información fue recopilada de distintas fuentes, incluida la visita in loco realizada en diciembre de 2019.
El informe hace un diagnóstico de lo observado durante el periodo 2018-2022, identificando una serie de problemas estructurales que han contribuido decisivamente a la inestabilidad experimentada por Haití en los últimos años, así como una serie de obstáculos que deben ser abordados por las autoridades.
El primer periodo observado se caracteriza por un profundo descontento social que repercutió en la imposibilidad de consolidar el sistema electoral. Ello provocó que el parlamento se quedara sin quorum para sesionar, ya que quedaron muchas vacantes, tras expirar los mandatos de un gran número de parlamentarios, que no pudieron ser ocupadas. El segundo, estuvo marcado por el asesinato del presidente Jovenel Moise, ocurrido en 2021. Su muerte agudizó en gran medida la ya difícil situación socioeconómica que atraviesa el país.
En sus observaciones, la CIDH señala en su informe que “(…) el 58,5% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza. Ello revela que Haití es el país más pobre de América y uno de los países más pobres del mundo. Como se ha referido anteriormente, desde hace décadas, el país caribeño viene enfrentándose a una crisis multidimensional y compleja, derivada de la violencia política; la corrupción y la impunidad; la destrucción de las instituciones democráticas y judiciales; la violación sistemática de los derechos humanos, y la proliferación de bandas armadas. En un contexto regional marcado por la crisis social, con tasas de desocupación y niveles de pobreza y pobreza extrema mayores a los observados antes de la pandemia de COVID-19, existen problemas sistémicos y estructurales, tales como la existencia de un marco institucional y democrático muy débil que impide la planificación y el seguimiento de políticas públicas”.
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Advierte que es “(…) necesario hacer un llamado más amplio, dirigido a la comunidad internacional; en particular, a los Estados de la región, y a agencias del sistema regional y universal. Así, estos actores podrían –en respeto a la soberanía y autodeterminación de Haití– buscar los mecanismos más efectivos y participativos para adoptar medidas que puedan concretar los principios de solidaridad y cooperación en todas las etapas de identificación, elaboración e implementación de acciones de desarrollo y asistencia con y en el país. Lo anterior, con el enfoque de construir, apoyar y fortalecer las capacidades institucionales, las redes de la sociedad civil, y las políticas públicas necesarias para la elevación de los estándares de protección en el Estado haitiano”.
Indica que “(…) es necesario que la consolidación de una ruta de desarrollo humano integral sea el resultado de acciones de múltiples actores. Recaen sobre el Estado las obligaciones principales dirigidas a la protección integral de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción. En este escenario, se observa la necesidad de involucramiento de la sociedad civil en el diseño e implementación de políticas públicas como mecanismos para reforzar su legitimidad y efectividad, a fin de restaurar plenamente la confianza pública en las instituciones del Estado”.
En sus conclusiones, el informe recomienda a Haití “(…) avanzar en los siguientes ejes: institucionalidad democrática; seguridad ciudadana; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; libertad de expresión; movilidad humana; y cooperación y solidaridad por parte de la comunidad internacional”.