Irán ordenó la revisión de la llamada “ley del hiyab” tras las manifestaciones que han remecido al país en los últimos meses. Su articulado impone a las mujeres iraníes, desde los 7 años de edad, la obligación de utilizar el hiyab en la vía pública. En caso de incumplimiento pueden ser multadas y enviadas a la cárcel, aunque también son frecuentes las agresiones físicas a las infractoras por parte de la “Gasht-e Ershad”, también conocida como la “policía de la moralidad”.
Este grupo vigila la estricta observancia de las normas islámicas por parte de la población, a través de patrullas ciudadanas que obligan a las mujeres a cubrir la totalidad de su cuerpo y a no utilizar cosméticos. Si bien formalmente no pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado, poseen nexos con agrupaciones paramilitares que cuentan con el beneplácito de las autoridades, como la Basij, que tiene una importante presencia en los círculos académicos y universitarios.
Noticia Relacionada
La revisión se suscitó a raíz de las protestas nacionales que estallaron en septiembre pasado tras la muerte de una mujer que se encontraba retenida por la “policía de la moralidad” debido a que fue sorprendida utilizando el hiyab incorrectamente. Este hecho desató numerosas revueltas en todo el país que han sido brutalmente reprimidas por el régimen. Sin embargo, ante la creciente presión nacional e internacional las autoridades han tomado la decisión de evaluar una modificación a la polémica ley.
En la actualidad, está siendo revisada por el parlamento y el poder judicial, que estudian la posibilidad de introducir modificaciones. A pesar de estos anuncios, no son pocos los que han mostrado escepticismo respecto a los reales alcances de la anunciada revisión. Sin ir más lejos, el Fiscal General, Mohamad Yafar Montazerí, señaló en una declaración que “(…) El mal hiyab (velo islámico) en el país, especialmente en la ciudad santa de Qom, es una de las principales preocupaciones del poder judicial, así como de nuestra sociedad revolucionaria, pero cabe señalar que la acción judicial es el último recurso y las medidas culturales anteceden a cualquier otra”.