Derecho a un juez imparcial de carabinero condenado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en perjuicio de la Senadora Fabiola Campillai, no fue vulnerado, resuelve la Corte de San Miguel.

La Corte de San Miguel rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo, por haber condenado a un carabinero a la pena efectiva de doce años y ciento ochenta y dos días de presidio mayor en su grado medio por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en perjuicio de Fabiola Campillai, actualmente Senadora de la República.

El recurrente alegó que fue juzgado por un tribunal contaminado en razón a que ya tenía una posición política y social frente al conflicto, respecto del cual, no se rindió prueba alguna ni fue materia de discusión, cuya sentencia, transparenta un sesgo ideológico preconcebido, lo que torna al sentenciador en un juez parcial, en cuanto no fue valorado el contexto en que se desarrolla el objeto de la acusación, puesto que de acuerdo a testimonios las manifestaciones no eran pacificas, sino más bien tenían por objeto agredir a Carabineros con objetos contundentes por sujetos que se encontraban en el pasaje donde la Sra. Campillai fue lesionada, de modo que la valoración que realiza el tribunal respecto de la situación específica antes de que se realice el primer disparo es absolutamente sesgada e imparcial y evidencia una especial animosidad en contra del actuar de funcionarios policiales, a quienes los hace aparecer como represores de una “actividad pacífica” existente únicamente dentro la ideología develada por el tribunal.

Enseguida, manifiesta que dicha parcialidad queda también reflejada por haberse desestimado la prueba documental rendida por la defensa que dice relación con la contestación de la demanda evacuada por el CDE (la víctima de esta causa demandó al Fisco de Chile), la que tenía por finalidad evidenciar al tribunal que el propio querellante, entendió y logró comprender el contexto en que realmente ocurrieron los hechos, ya que reconocen que fue con ocasión de actos vandálicos, cuya gravedad y multiplicidad de incidentes permitieron que el Presidente de la República decretara el estado de excepción constitucional con el objeto de restringir derechos constitucionales para controlar eficientemente el orden público.