Con 94 votos a favor y 10 en contra, el Parlamento de Israel (Knéset) aprobó una ley que permitirá a las autoridades quitar la ciudadanía a los condenados por delitos de terrorismo, tanto israelíes como palestinos, que reciban fondos de la Autoridad Palestina, dado que esta suele conferir ayudas monetarias a los condenados y sus familias.
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La normativa, que modifica la Ley de Ciudadanía de 1952, también permite revocar la ciudadanía a aquellos que sean cómplices de actos considerados terroristas, o que inciten la realización de estos actos. Es considerada una expresión más de la ofensiva que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha desplegado contra los extremistas palestinos, a causa de los recientes ataques terroristas contra la población israelí.
“Espero que este paso que estamos dando hoy sea el amanecer de una nueva era. Sé y siento desde el fondo de mi corazón que tales leyes son nuestra verdadera misión como funcionarios electos”, señaló un parlamentario del Knéset.
La decisión ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, que han acusado a Israel de violar el derecho internacional.
“No solo crea una vía adicional para la revocación de la ciudadanía de residencia de los palestinos… bajo el régimen israelí, sino que también facilita su expulsión. La ley apunta explícita y exclusivamente a los palestinos como parte del afianzamiento de Israel de dos sistemas legales separados basados en la supremacía judía”, lamentó la ONG Adalah en un comunicado.