Acción de impugnación acogida.
Los procedimientos de licitación deben realizarse con estricta sujeción de los participantes y de la entidad licitante a las Bases Administrativas y Técnicas que la regulen, resuelve el Tribunal de Contratación Pública.
El Informe de evaluación económica de las ofertas y la Resolución Exenta dictada por la Dirección de Compras y Contratación Pública, que adjudicó la licitación y declaró inadmisible la oferta de la actora, merecen la calificación de ilegales y arbitrarios.

El Tribunal de Contratación Pública acogió la acción de impugnación interpuesta por APIUX Tecnología SpA y Servicios y Recursos Tecnológicos SpA, en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, solo en cuanto declaró ilegales y arbitrarios el Informe de Evaluación Económica de las Ofertas y la Resolución Exenta de la licitación pública para el “Convenio Marco de Desarrollo y Mantención de Software y Servicios Profesionales TI” ID 2239-4-LR20, rechazándola en todo lo demás. Asimismo, le reconoció a las actoras el derecho a entablar en la sede jurisdiccional respectiva las acciones indemnizatorias y solicitar hacer efectivas las medidas administrativas correctivas que estimen pertinentes.
Las reclamantes impugnaron el acto de la Dirección de Compras y Contratación Pública que readjudicó la Licitación. Exponen que la DCCP notificó a los oferentes del inicio de un procedimiento de invalidación de la adjudicación realizada, fundado en diversos motivos, y que, concluido su tramitación, decidió invalidar parcialmente la adjudicación, ordenando retrotraer el proceso hasta la publicación del informe de evaluación técnica y junto con ello reevaluar económicamente el proceso completo. Como resultado de ello, dictó la Resolución Nº 571- B -que es la impugnada-, en la cual, al realizar dicha recalificación, la autoridad incorporó un criterio nuevo a las Bases de Licitación, que no era conocido por los oferentes, y que produjo como resultado que las ofertas de las actoras fuesen ilegítimamente marginadas del proceso de Licitación, siendo que éstas se ajustaban estrictamente a los requisitos de las bases. De oficio, sin aviso alguno y sin dar a los oferentes la posibilidad de ajustarse a este nuevo criterio, la entidad licitante modificó las Bases de Licitación al establecer un porcentaje máximo del descuento que era posible ofertar.
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Recurso de hecho rechazado.
Solo es susceptible de ser reclamada ante la Corte de Apelaciones la sentencia definitiva que dicte el Tribunal de Contratación Pública.

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