Principio de autonomía parlamentaria.
No procede el control judicial de los actos parlamentarios por la vía del amparo, ya que debe realizarse a través de un proceso de inconstitucionalidad, resuelve el TC de Perú.
El control de la emisión de una ley tanto en el procedimiento de su elaboración como en cuanto a su contenido, es posterior y no preventivo. Si el objeto de control son los actos parlamentarios conducentes a la expedición de una ley, entonces será, en principio, el proceso de inconstitucionalidad el que corresponda incoar, pero no un proceso de amparo que responde a una naturaleza y lógica distintas.
El Tribunal Constitucional de Perú acogió la demanda de conflicto competencial que el Congreso dedujo contra el Poder Judicial por transgredir sus competencias, al atribuirse facultades exclusivas del legislativo. Anuló una serie de resoluciones judiciales dictadas en procesos de amparo.
El Congreso demandó al Poder Judicial por haber menoscabado sus atribuciones en el ejercicio de sus competencias, mediante la dictación de resoluciones que limitan o entorpecen sus funciones. En la especie, aquellas que no permiten al Congreso designar o remover al Defensor del Pueblo y la que impide a los parlamentarios llevar a cabo investigaciones sobre asuntos de interés público, entre otras. Estimaron que estas transgresiones invaden materias que son de su exclusiva competencia, al tenor de la Constitución Política.
En su presentación, agregó que el actuar del Poder Judicial afecta sus facultades de fiscalización y control político, contraviniendo así el principio de separación de poderes. Solicitó la nulidad de las resoluciones impugnadas.
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