Procuraduría es parte agraviada en investigación preliminar que la Fiscalía sigue contra la presidente Boluarte, por la presunta comisión del delito de genocidio.

El Juzgado de Investigación Preparatoria (Perú) acogió parcialmente la solicitud de tutela de derechos deducida por la Procuraduría General del Estado, por no haber sido notificada de una gestión investigativa llevada a cabo por la Fiscalía. Reconoció su derecho a ser parte en el proceso, aunque no acogió la solicitud de nulidad del acto impugnado.

En el marco de la investigación llevada a cabo contra la presidenta Dina Boluarte, por la presunta comisión de un delito de genocidio, la Fiscalía tomó una declaración indagatoria al presidente del Consejo de Ministros, tras ser reprogramada en fecha distinta a la original. La diligencia fue llevada a cabo sin la presencia del Procurador general, a pesar de que también se había hecho parte en la investigación.

Dada su ausencia en el trámite, debido a que no fue notificada, dedujo una acción de tutela contra la Fiscalía para exigir su nulidad absoluta. Estimó la existencia de una vulneración del principio de predictibilidad de las actuaciones fiscales y de sus derechos al debido proceso y a la defensa. Agregó que “(…) las normas se deben interpretar en el sentido de autorizar la participación en la diligencia, lo cual no fue el proceder del Ministerio Público; en otros casos la Fiscalía sí permite participar en las declaraciones de imputados, siendo arbitrario que justo en el presente, no se permita su participación, cuando en un primer momento si lo hizo”.