Régimen especial de derecho público.
Corporaciones Municipales deben destinar los ingresos que obtengan del Fisco, de la entidad edilicia a que pertenecen y los dineros que generen de sus propias actividades, a las finalidades que establece la Ley 18.695, dictamina el Contralor.
Se aplica la Ley 19.886 y su Reglamento en las contrataciones efectuadas con dichos recursos, sin distinguir su fuente. También dictaminó que los Directores y Secretarios Ejecutivos de las Corporaciones Municipales, deben efectuar declaraciones de intereses y patrimonio, y son sujetos pasivos de la Ley del Lobby.

La Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Peñalolén solicitó a la Contraloría General de la República aclarar su dictamen N° E160316/21.
La entidad edilicia consultó si le resulta aplicable la regulación contenida en la Ley 19.886 (sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios) y su Reglamento, tratándose de contrataciones que se efectúen con ingresos financieros de tipo privado generados por actividades propias.
Formuló la interrogante en consideración a que el dictamen cuyo análisis pide, estableció que, “(…) en atención a la finalidad de cumplir con una función pública mediante la cual satisfacen determinadas necesidades de la comunidad local, las corporaciones municipales perciben financiamiento de origen fiscal y aportes y subvenciones de las entidades edilicias, fondos públicos que se encuentran destinados a una finalidad concreta, de modo que únicamente pueden ser empleados con los objetivos específicos para los que fueron concedidos, sin poder ser usados libremente”.
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