El Tribunal Calificador de Elecciones tendrá que resolver la solicitud de remoción del Alcalde Valparaíso, luego de que los concejales requirentes apelaran de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso que rechazó la solicitud de remoción que presentaron en contra de Jorge Sharp, en el año 2020, mediante la cual lo acusaron de haber incurrido en presuntas irregularidades en su gestión.
En el caso que un Alcalde incurra en acciones u omisiones que constituyan notable abandono de deberes o en contravenciones graves a las normas sobre probidad administrativa, la ley faculta a los concejales de la comuna para solicitar al Tribunal Electoral Regional su remoción e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La solicitud de remoción contra el Alcalde Sharp fue presentada por seis concejales de la comuna de Valparaíso, quienes denunciaron presuntas deficiencias en la gestión económica de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social (CORMUVAL), incluyendo el pago de sobresueldos, compras sin sustento y a sobreprecio. También que los liceos de la comuna estaban elaborando y comercializando bienes de consumo y ofreciendo diversos servicios.
Asimismo, acusaron anomalías en el arriendo de inmuebles municipales, destrucción de documentos, incumplimiento de sentencias judiciales, ilegalidad en la contratación y desvinculación de funcionarios, contrataciones de personal por sobre topes máximos legales del estatuto administrativo, realización de tratos directos injustificados para la contratación de servicios y el cierre de dos clásicos ascensores de Valparaíso, el Cordillera y el San Agustín.
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El Tribunal Electoral Regional rechazó el requerimiento y desestimó todos los cargos, “por cuanto no se ha comprobado que el requerido ha incurrido en notable abandono de deberes o contravención grave a las normas sobre probidad administrativa, sin que exista mérito tampoco para aplicarle alguna de las medidas disciplinarias solicitadas de modo subsidiario.”.
En concreto, en lo que se refiere a CORMUVAL y a los liceos, el Tribunal advierte que “no es posible concluir que el Alcalde requerido haya intervenido en modo alguno en las acciones implementadas de manera autónoma por los directores de los establecimientos educacionales Liceo Técnico de Valparaíso y del Liceo Técnico Profesional María Luisa Bombal, pues son ellos quienes estaban a cargo de la gestión administrativa y financiera de los establecimientos (…) Por otro lado, es el Gerente General de CORMUVAL o actualmente Secretario General, a quien le correspondía la supervigilancia directa en los ingresos y egresos de la CORMUVAL y la facultad de administrador”.
En cuanto a la destrucción de documentos, el Tribunal señala que desde la Tesorería Municipal se erró al proponer al Alcalde la destrucción de documentos; sobre la contratación de funcionarios, se desestima la denuncia conforme que se adoptaron medidas para disminuir el límite de gasto en personal restringiendo las contrataciones, y en cuanto a los arrendamientos de inmuebles y la contratación por trato directo de servicios para la Municipalidad, los cargos se desestimaron por falta de prueba. Por último, en lo que atañe a los ascensores, se consideró justificado su cierre, ya que se tomó como medida preventiva sanitaria por el Covid-19.
Cabe señalar que los requirentes han presentado apelación ante el TRICEL en contra de la sentencia del TER.
Vea la sentencia del TER de Valparaíso en causa Rol Nº233-2020 y el texto de la apelación.