Recurso de amparo acogido.
Orden de arresto contra Director Regional Metropolitano (s) del Servicio “Mejor Niñez” es ilegal, en cuanto no se le notificó personalmente la resolución judicial.
La falta de respuesta efectiva por parte del Servicio se ha configurado como una vulneración grave del derecho del adolescente, debido a que desde agosto de 2022 se le ha solicitado asignación de cupo residencial, informa el recurrido.

La Corte de San Miguel acogió el recurso de amparo interpuesto en contra del Juzgado de Familia de Puente Alto, por haber decretado orden de arresto en contra del Director Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de la región Metropolitana por no dar cumplimiento a la resolución judicial que ordenó asignarle un cupo residencial a un menor con discapacidad.
El recurrente alegó que la resolución impugnada es arbitraria e ilegal, ya que el adolescente, si bien fue dado de alta de la Unidad Hospitalaria Corta Estadía Infanto-Juvenil del Hospital Sótero del Río, con ocasión de haber sufrido un desajuste conductual y emocional cuando residió con su madre por el periodo de un mes, el Servicio intentó gestionar un cupo en tres residencias, sin embargo, la primera residencia, en atención a la evaluación que se le hizo al adolescente, arrojó una situación de discapacidad intelectual severa, por lo que no pudo concretarse el traslado por solicitud de la misma residencia. La segunda residencia tampoco cumplió con el convenio, en cuanto advirtió que no contaba con los requisitos de base para recibir NNA con situación de discapacidad, lo que motivó a su cierre. El tercer intento tampoco se materializó, por cuanto tanto el curador ad litem del Programa Mi Abogado como la propia residencia, señalaron que no tenían las condiciones para recibir al adolescente, en circunstancias que sí cumplían con las competencias técnicas para recibir al adolescente, considerando sus características particulares y diagnóstico clínico.
Enseguida, agrega que en virtud de los artículos 233 y 238 del Código de Procedimiento Civil, la notificación de apercibimiento y la orden de arresto debieron ser personalmente practicadas, hecho que no ocurrió, en cuanto se notificaron en la casilla de correos electrónica del Servicio a las 23:26 horas, es decir, fue notificada fuera de la jornada laboral ordinaria a un correo genérico de la institución.
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