Esta semana, la Comisión Experta aprobó las propuestas de normas constitucionales. Esto no fue una sorpresa, al contrario, era de esperarse. Los expertos ya habían comentado que en esta primera etapa iban a presentar iniciativas que tenían el acuerdo transversal del órgano. Aún así, algunas de ellas ya están generando debate en los medios, como la inclusión de un umbral del 5% para obtener escaños en el parlamento o la limitación a la reelección presidencial hasta un máximo de 2 veces. También sigue el debate sobre la compatibilidad entre el principio de subsidiariedad y el Estado social y democrático de derecho. 

Por otro lado, finalmente comenzó la franja electoral. Los diferentes pactos emitieron sus campañas este viernes con enfoques muy diferentes. ¿Lograrán convencer a la ciudadanía?

Todo esto y más en la undécima edición del Boletín Constitucional. 

La Antesala de la Votación

En una editorial publicada el fin de semana pasado, La Tercera resaltó la mesura que ha tenido la discusión de la Comisión Experta. Sebastián Soto (Evopoli), vicepresidente del organismo, compartió el análisis: sostuvo en diálogo con El Mercurio que fue gracias a este buen ambiente que se lograron dar certezas a la par de dar continuidad a la cultura constitucional.

En entrevistas a diversos comisionados se reafirmó esta buena disposición al diálogo y los consensos. Sin embargo, en cada una de ellas se anticiparon algunas discrepancias dentro del pleno.

Alexis Cortés (PC), en entrevista con Ex-Ante, explicó que “todos teníamos que quedar satisfechos del acuerdo [de las iniciativas de normas] en sí mismo pero insatisfechos de nuestras propias expectativas”. Y anticipó que, una vez ya votadas en general, vendrán las mayores discusiones dentro de la Comisión.

Gabriel Osorio (PS), por su parte, declaró en El Mercurio que le hubiese gustado llegar a mayores acuerdos, pero que el esfuerzo que se está realizando es muy profundo. Y además anunció que la paridad y la representación de los pueblos originarios eran temáticas que tenían que ser incorporadas.

Y el presidente de la subcomisión de sistema político, Juan José Ossa (RN), declaró a La Tercera que aún quedaban temas pendientes por discutir, pero que existe acuerdo en algunos puntos claves como la limitación de la reelección presidencial, el castigo al transfuguismo político y la inclusión del umbral del 5% para la obtención de escaños parlamentarios. 

Esta última fue una de las medidas más discutidas en los medios durante el fin de semana pasado. El ex-diplomático Carlos Huneuus, en una carta al director publicada en El Mercurio, mostró su simpatía por la iniciativa para evitar la fragmentación política. Aunque presentó reparos con la coincidencia de las elecciones parlamentarias con la segunda vuelta presidencial, otra de las iniciativas de norma.

Por otro lado, en una carta al director publicada en La Tercera, la cientista política Claudia Heiss advirtió que no solo basta regular la fragmentación política a través de la constitución, sino que es igual de importante que los partidos cuenten con la capacidad de representar las diferentes visiones de la sociedad.

Otro artículo que entonces fue criticado es aquel que incluye las iniciativas populares de norma. En una columna de opinión en El Mercurio, Enrique Barros sostuvo que la gobernabilidad puede sentirse presionada a aprobar leyes populistas como el sexto retiro. 

La discusión en los plenos

Pasadas las tres de la tarde resonó en la sala la campanilla. “En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión”, pronunció a continuación la presidenta de la Comisión, Verónica Undurraga. Los 24 expertos estaban reunidos el lunes pasado en el excongreso para discutir y despachar en general las iniciativas de normas de los 14 capítulos del anteproyecto.  

Aquel día se revisaron los primeros tres capítulos del anteproyecto: Fundamentos del Órden Constitucional (I); Derechos y Libertadas Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales (II) y Representación Política y Participación (III).

Los contenidos del primer capítulo consagraron al Estado Social y Democrático de Derecho y a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Durante su discusión, el comisionado Lovera (RD) sostuvo que el Estado Social debería estar incluido en el primer artículo y no en el tercero, como está consagrado actualmente.

Tras este primer debate, fue el turno de discutir el segundo capítulo. Los contenidos del acápite resguardaron derechos claves para el desarrollo de un Estado Social y Democrático: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad ante la ley, la libertad personal y la seguridad individual, el derecho a la sexualidad y la reproductividad, el derecho de niños, niñas y adolescente, el derecho a la cultura, entre otros.

En esa línea, las iniciativas de norma del tercer capítulo consagraron el voto obligatorio, la existencia del pluralismo político y el establecimiento de un sistema electoral público. Hubo, sin embargo, algunos reparos sobre el capítulo. La comisionada Rivas (CS) adelantó una enmienda sobre paridad, una de los grandes obstáculos que ha existido dentro de la Comisión.

La sesión finalizó pasadas las 8 de la noche. Al siguiente día, la comisión se reunió a las nueve de la mañana con el objetivo de continuar con el debate de los capítulos sobre Congreso Nacional (IV), Gobierno y Administración del Estado (V) y Gobierno y Administración Regional y Local (VI). 

Para evitar la fragmentación política, se incluyó en el cuarto capítulo algunas medidas como la introducción del umbral del 5% para limitar el acceso a los escaños parlamentarios. Si bien existió consenso entre los expertos ante la iniciativa, si existían reparos con el guarismo: muchos partidos políticos que hoy componen el parlamento no podrían acceder a escaños con la aplicación de la medida y, por tanto, la pluralidad dentro del órgano se vería reducida.  

Otras críticas surgieron hacia el artículo que propone que cese en sus funciones  aquel “diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura”. La argumentación está en que las colectividades podrían coartar la libertad de elección de los parlamentarios, utilizando el mecanismo casi como una medida conminatoria.

Por otro lado, la discusión del quinto capítulo se centró en el rol de las Fuerzas Armadas. Si bien desde la oposición existió la intención de que quedaran consagradas en un acápite específico, finalmente quedaron en un epígrafe dentro de este capítulo.

Sin embargo, algunos comisionados oficialistas presentaron inquietudes a lo propuesto. Catalina Lagos (PS), por ejemplo, mostró desacuerdo en las labores de las FFAA en estado de catástrofe. Mientras que comisionados de oposición anunciaron enmiendas para, por ejemplo, consagrar a Gendarmería como una fuerza de órden y seguridad.

Otra de las normas que incorporó el capítulo fue la prohibición a la reelección presidencial por más de dos términos. Actualmente, la iniciativa solo afectaría a los exmandatarios Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Sin embargo, y tras ser consultados por los mismos comisionados, ambos se mostraron de acuerdo.

El debate en la sesión de la mañana se alargó al punto de tener que posponer la discusión del capítulo VI hacia el pleno de la tarde. Además, y para cumplir con los tiempos, la Comisión revisó los acápites de Gobierno, Administración Regional y Local (VI), Poder Judicial (VII), Corte Constitucional (VIII) y Ministerio Público (IX).

El capítulo VI planteó la necesidad de fortalecer los gobiernos locales y regionales mediante un proceso gradual de descentralización. Además, se discutió sobre las elecciones de las autoridades locales y legislativas con el fin de evitar vicios en los ciclos políticos que compliquen las tareas del gobierno.

Por su parte, el capítulo VII mantuvo la conceptualización del poder judicial tal como se conoce. Sin embargo, modifica sustancialmente la realización de algunas funciones como: el nombramiento y capacitación de jueces, la gestión administrativa y la aplicación de sanciones.

En cuanto a la Corte Constitucional (capítulo VIII), las normas propuestas se basan en reformar su composición y designación de cargos. La propuesta establece que el organismo podrá aplicar el control preventivo a las propuestas de ley, siempre que exista un vicio dentro de ellas, una medida que ha sido cuestionada en el último tiempo. Respecto al quórum para declarar la inconstitucionalidad de las normas, este pasará a discutirse en particular en las siguientes sesiones debido al desacuerdo que hubo en la comisión con la mayoría de dos tercios.

El último capítulo que se discutió aquella jornada fue el número IX: Ministerio Público. La iniciativa de norma propuesta por la subcomisión de Función Jurisdiccional propuso que el nombramiento del Fiscal Nacional y fiscales regionales sea mediante un sistema de concurso público determinado por ley, con el fin de obtener una mayor participación y transparencia en el proceso.

Además, se crean dos nuevos órganos, el Servicio de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, las cuales tuvieron un apoyo unánime por parte de los comisionados y buscan dar efectiva protección a las personas víctimas de delitos para que accedan a defensa y representación jurídica especializada, y asistencia en el ámbito psicológico y social.

Finalmente, el día miércoles se acabó la discusión en el pleno sobre las iniciativas de norma. La Comisión Experta estaba citada para revisar los cinco capítulos restantes en dos sesiones, al igual que el día martes: una que comenzó pasada las nueves de la mañana y terminó pasado el mediodía, y otra que comenzó pasada las tres de la tarde y que estaba programada hasta el total despacho de las iniciativas.

El primer capítulo que se revisó fue Justicia Electoral y Servicio Electoral (X). La subcomisión de Función Jurisdiccional, quien fue la encargada de la redacción, propuso mantener la mayor parte del contenido que actualmente rige al Tribunal Calificador de Elecciones y al Servicio Electoral. Sin embargo, presentó algunas modificaciones en la designación de consejeros del Tricel.

Este último punto generó debate dentro del pleno. El comisionado Gabriel Osorio (PS), cuestionó que uno de los consejeros sea un “un ciudadano que hubiera ejercido el cargo de Consejero, Director o Subdirector del Servicio Electoral por un periodo no inferior a cuatro años”, como dicta el artículo, y no un expresidente del parlamento como actualmente es.

Posteriormente, el pleno debatió el capítulo sobre Contraloría General de la República (XI). La propuesta mantuvo sus características centrales y su autonomía, pero innovó en los requisitos para acceder al cargo y la función de examinar y juzgar las cuentas del Estado. 

Algunos expertos tuvieron objeciones sobre este último punto. El comisionado Alexis Cortes (PC) defendió la fiscalización de la Contraloría a todos los recursos públicos. Postura similar de la que tomó, por ejemplo, el comisionado Carlos Frontaura (Republicanos), quien también expresó su preocupación por la eliminación de la facultad.

Después tocó discutir el capítulo XII: Banco Central. La discusión giró en torno a sus funciones. Si bien hubo acuerdo en mantener puntos centrales -como su autonomía o el carácter técnico-, desde el oficialismo se defendió la idea de transformar la capacidad del organismo para hacer frente a los nuevos desafíos económicos, enmarcados en el desarrollo sustentable. Sin embargo, desde la oposición propugnaron mantener la inflación a raya como la única labor elemental del Banco Central.

En este punto, la comisión se tomó un receso pasadas las doce del día. Los dos capítulos restantes fueron revisados durante la sesión vespertina, que comenzó pasadas las tres de la tarde. 

El primer capítulo que revisó el pleno tras volver a sesionar fue sobre la Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo (XIII). El acápite fue bastante criticado por la mayoría de los expertos, quienes acordaron que era breve y que le hacía falta contenido. Solo consiste en tres artículos. A partir de estas críticas, Bettina Horst (UDI) manifestó que por falta de tiempo y consensos este no había podido ser más desarrollado. Se espera que se ingresen enmiendas para abordar con mayor profundidad el tema en la próxima etapa.

Y el último capítulo que tuvo que revisar el pleno fue sobre Procedimiento de Cambio Constitucional (XI). En la iniciativa propuesta por la subcomisión de Sistema Político se incluye la posibilidad de convocar a un referendo cuando “las cámaras, en dos legislaturas distintas, insisten con el mismo texto, aunque con un quórum menor, de tres quintos de las parlamentarias y parlamentarios en ejercicio”. El quórum fue lo que causó mayor revuelo dentro del pleno, ya que para algunos comisionados este era demasiado alto para la tramitación de procedimientos normales de reforma constitucional.

Todos los capítulos fueron aprobados en general y por unanimidad, a excepción de estos últimos dos: los comisionados Quezada (PS) y Pavez (UDI) no estaban en la sala a la hora de la votación.

La aprobación no fue sorpresa para nadie. Las iniciativas de norma, antes de ser presentadas a la mesa directiva, fueron consensuadas entre todos los integrantes de la Comisión Experta.

Una vez que el secretario de la Comisión, Luís Rojas, presente un informe sobre las votaciones, comenzará el plazo para presentar enmiendas. Los comisionados tendrán hasta el sábado 16 de abril para inscribir sus propuestas para modificar el contenido del anteproyecto de nueva Constitución que poco a poco empieza a tomar forma.

Los comisionados oficialistas se encuentran preparando una serie de indicaciones para ser presentadas en temas en lo que aún no hay consenso, como paridad, pueblos originarios, listas cerradas, derechos sexuales, salud, vivienda, etcétera. 

La discusión hasta ahora estuvo marcada por la mesura para encontrar consensos. Sin embargo, se espera que ahora se discutan aquellos temas donde hay mayor confrontación entre el oficialismo y la oposición.

El debate constitucional fuera del Pleno

La semana no solo estuvo marcada por el debate que tomó lugar dentro del pleno de la Comisión Experta. En los medios, algunas de las iniciativas de norma comienzan a generar adeptos y detractores. Y hay otras discusiones que ya están instaladas en la agenda pública, como la compatibilización entre el principio de subsidiariedad y el Estado Social Democrático de Derecho.

Este es un tema que ha estado presente desde el comienzo de las funciones de la Comisión Experta, y esta semana no ha sido la excepción. Quienes han defendido el principio de la subsidiariedad, argumentan que ha impulsado el progreso económico. En una carta al director publicada en El Mercurio, Jorge Jaraquemada planteó la necesidad de defender este principio y sus valores subsecuentes, que han permitido dignificar al ser humano y posibilitado la estabilidad política.

Otros, como Felipe Schwember, explicaron que la disputa real detrás del principio de subsidiariedad es que los bienes sociales se oferten en el mercado. En una columna de opinión en el mismo medio, defendió que la entrega de los derechos se rijan por la competencia: primero, porque aumentará su disponibilidad y calidad, y segundo porque deberíamos poder elegir el tipo de educación o previsión social.

La otra arista de esta discusión está en cómo comprender el concepto de la subsidiariedad y su compatibilidad con el Estado de Social y Democrático de Derecho con el Estado Subsidiario. En una columna en La Segunda, María José Abud explicó que el Estado Social de Derecho no significa una expansión del aparato, sino más bien una proactiva responsabilidad en la entrega de estos servicios a través de particulares. 

Similar es la postura del exministro Arturo Fermandois. En una carta al director a El Mercurio, expresó que para él es promisorio que la subcomisión de principios haya podido congeniar la tensión (o incompatibilidad) entre el Estado Social de Derecho y la Subsidiariedad, Estado y libertad, social e individual. Además, celebró “el buen comienzo” de la Comisión Experta, la que se centró en un debate mucho más técnico y menos ideologizado. 

Incluso el candidato al Consejo Constitucional, Jaime Ravinet (Evopoli), indicó que “lo más importante es que exista un sistema colaborativo donde tanto los privados como la mecánica estatal trabajen en conjunto”. También, en la misma columna de opinión publicada en El Dínamo, tuvo palabras de júbilo para el tono mesurado de la discusión y los grandes avances de la Comisión Experta. 

Uno de los integrantes de este organismo, Máximo Pávez (UDI), también se sumó al debate. Aseguró que “el Estado va a tener un mayor rol, para poder dotar de un piso mínimo de dignidad, especialmente, en materia de derechos sociales”, pero que desde la oposición desean consagrar “elementos de subsidiariedad” junto al Estado Social y Democrático de Derecho.

Pero no todos creen que la compatibilización deba ser algo explícito. Ignacio Walker y Patricio Zapata publicaron una columna en El Mercurio donde sugieren la introducción de un Estado que recoja la “tradición republicana y democrática, social y liberal”. De esta forma, piensan evitar una confrontación innecesaria entre ambos conceptos. “El Estado Social y Democrático de Derecho presupone el principio de subsidiariedad (al menos europeo), pero entiende la solidaridad como el fundamento de los derechos”.

Postura similar tomó Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. La abogada comentó, en una columna de opinión para La Tercera, que las iniciativas de normas propuestas por la Comisión Experta proponen un cambio importante para dar mayor protagonismo a la capacidad de un Estado Social Democrático y de Derecho. Este entregará de mejor manera los bienes básicos, pero sin descartar el rol que tengan los particulares.

Sin embargo, existen críticas a la compatibilidad de ambos principios. En una columna de opinión para El Mostrador, el ex-concejal Carlos Cerpa Miranda criticó al diputado Diego Schalper por obviar dos detalles importantes sobre el Estado Social del que habló en una columna pasada: la relevancia en el modelo alemán de los sindicatos y de los puestos en los directorios reservados para los trabajadores; y la “cooperación” entre un Estado preponderante y las asociaciones privadas con un rol más secundario.

El segundo tema que se discutió durante esta semana, y que se anticipaba desde el fin de semana pasado, es el umbral del 5% como medida para reducir la fragmentación parlamentaria. En este sentido, Roberto Munita, en una columna de opinión publicada en El Líbero, celebró la iniciativa, y explicó que, de haber sido aplicada esta regla para las elecciones de 2021, donde hubo 27 partidos en competencia, las fuerzas políticas se habrían concentrado en 7 mega-partidos.

Quien también celebró la inclusión de esta limitante a los partidos políticos fue El Mercurio. Pero sí presentó reparos a otras iniciativas, como la figura del “ministro coordinador” o las iniciativas populares legislativas. Y también advirtió sobre materias que aún quedan por introducir: naturaleza, políticas públicas destinadas a la innovación científica o etnias originarias.

No han sido pocas las voces que también han criticado la actual representación de pueblos originarios en el texto y su representación. Esta semana, en una columna publicada en El Desconcierto, Marco Valdés recogió diferentes elementos que hicieron rechazar a los pueblos indígenas la propuesta anterior, como ambigüedades teóricas y pocos derechos individuales. Esto explica, en parte, el abandono a sus demandas en el proceso actual según el autor.

Otro tema que parece faltar desarrollar en el actual proceso es la salud. En una carta al director publicada en distintos medios -entre ellos El Mercurio, La Tercera y El Mostrador-, ex autoridades y académicos pidieron “consagrar el derecho a la salud como un derecho humano fundamental y relevar el rol del Estado en garantizarlo”, pero dejando su estructura, financiamiento y el rol de los prestadores (privados, públicos, mixto) como una discusión para las futuras legislaciones.

También la educación es un punto que algunos académicos le han puesto el ojo encima. En una columna de opinión publicada en El Mostrador, Sebastián Donoso y Juan Sepúlveda explicaron que, si bien existe una normalización de la desidia con la educación en nuestro país, es fundamental consagrarla como un derecho y generar las condiciones para que el Estado se haga realmente cargo, superando el principio de subsidiariedad, o libertad de enseñanza, en la educación. 

Otra crítica a la educación fue la que hizo El Mercurio en una editorial esta semana, pero con un enfoque muy diferente. El medio lamentó la “liviandad” de los postulados que hizo la Confech en su petitorio “Demandas para un Nuevo Chile”, documento elaborado para presentar una serie de demandas enmarcadas en el proceso constituyente. El medio sugirió cierta desconexión con la sensibilidad política del país y la realidad, y expresó que “si estos son los líderes de las universidades chilenas, algo no está funcionando como se espera”.

Finalmente, la última gran discusión de la semana tuvo lugar luego de la aprobación del artículo que cesa de sus funciones a aquellos parlamentarios que renuncien “al partido político que hubiera declarado su candidatura”. Fue tanto el revuelo que incluso diputados y senadores en estas condiciones lamentaron, en una carta abierta, la medida. 

La Carrera por el Consejo Constitucional

Por otro lado, la semana de los candidatos al Consejo Constitucional estuvo marcada por la antesala de la franja electoral y la contingencia nacional.

Ya lo anticipaba Gonzalo Martner en El Mostrador el fin de semana pasado. El académico de la Usach explicó en la columna de opinión cómo la contingencia será un aspecto clave en los discursos para captar electores en las próximas votaciones para el Consejo Constitucional. Y así parece haber sido.

El día lunes, el exministro y actual candidato al consejo por Evopoli, Jaime Ravinet, defendió en conversación con Manos Libres la libertad de elección en materias como educación y salud, y abogó por la mantención del orden público para hacer frente a la delincuencia. Incluso le pidió al presidente Gabriel Boric apartarse del FA y el PC por su “doble rol, en el gobierno y generando conflicto afuera (en la Ley Nain-Retamal)”.

La seguridad fue también el punto central del debate televisivo que sostuvo aquel mismo día lunes Rodrigo Delgado, exministro y candidato por la UDI, y Natalia Piergentili, presidenta del PPD y candidata por el mismo partido.

Si bien hubo puntos concordantes, como consagrar la seguridad como un derecho para garantizar el acceso a otros, también hubo grandes disensos. El exalcalde de Estación Central se mostró a favor de la inclusión de un capítulo específico sobre gendarmería y FFAA. Si bien la timonel del PPD no se cerró a la idea, recalcó la relevancia de que estuvieran bajo el mando del poder civil.

Además, el presidente del Servel, Andrés Tagle, anunció ese mismo lunes las fechas importantes de cara a las elecciones de Consejeros: la publicación de las primeras nóminas de vocales de mesa será el sábado 15 abril, el lunes 17 se abrirá el proceso para las excusas y, finalmente, el sábado 22 se publicará la nómina definitiva.

Al siguiente día, en entrevista con CNN Chile, el candidato por el Partido Republicano, Luís Silva, causó revuelo por sus dichos en una entrevista con CNN Chile, donde aseguró que Pinochet “salvó al país de una dictadura”.  

Y el miércoles, Jaime Ravinet sostuvo un debate televisivo con Camilo Miranda (Unidad para Chile), que estuvo centrado en otro de los temas contingentes dentro de la discusión constitucional: el sistema político.

Ambos candidatos mostraron discrepancias entre sí respecto a la norma del umbral del 5%. Miranda sostuvo que, si bien colabora con la fragmentación política, genera otra problemática: la menor representatividad parlamentaria. Ravinet, por otro lado, defendió la iniciativa de norma.

Donde sí encontraron acuerdo ambos candidatos fue en la propuesta para evitar el transfuguismo político: aquellos parlamentarios que renuncien a su partido perderán automáticamente el escaño.

Ya el día jueves La Segunda anticipaba lo que sería el inicio de la franja electoral, programada para el día viernes. La campaña discursiva de Todo por Chile apelaría al reencuentro, con discursos de Aylwin y referencias a lugares de reunión en Santiago y regiones. Chile Vamos, en tanto, se enfocaría en la seguridad, en la urgencia de recurrir a las urnas y en las contradicciones del oficialismo en indultos y carabineros.

Y, finalmente, a las 12:45 horas del día viernes se lanzó al aire la franja electoral. Como explicó El Mercurio aquel mismo día, cada pacto tuvo diferente cantidad de tiempo para aparecer en pantalla y con temáticas diferentes. Chile Vamos contó con 8 minutos y 43 segundos, marcados por la agenda de seguridad y criticando los indultos de Boric. Línea similar fue la campaña de Republicanos, quienes tuvieron 3 minutos y 39 segundos. Por otro lado, Todo Por Chile tuvo 3 minutos y 24 segundos para apelar al reencuentro a través de un discurso de Aylwin. Y Unidad para Chile 10 minutos y 13 segundos para exigir derechos sociales como pensiones, salud y educación. Finalmente, el PDG contó con 2 minutos y 55 segundos, en donde buscaron impulsar a sus candidatos. E independientes (3) e indígenas (2) contaron cada uno con 31 segundos.

Si bien cada campaña ha tenido un discurso muy diferente, en cada una de ellas se han visto muchas banderas de Chile, muchos llamados a la movilización, una directa confrontación entre los pactos, un gran foco en la contingencia sobre seguridad y un marcado deseo de transformaciones, a excepción del Partido Repúblicano.

La franja tendrá una duración de 30 minutos diarios dividido en dos bloques de 15 minutos cada uno: el primero emitido un cuarto para la una de la tarde y el segundo un cuarto de las ocho de la noche. Además, el orden de aparición de los pactos en la televisión irá alternándose todos los días. Se emitirá hasta el próximo 4 de mayo, tres días antes de la elección de los Consejeros Constitucionales.