La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que permitirá a las autoridades confiscar bienes adquiridos con fondos provenientes de la corrupción, el narcotráfico y otros ilícitos. La normativa, que fue promulgada por Nicolás Maduro, contempla la imprescriptibilidad de estos delitos en materia civil.
La ley fue aprobada en medio de una serie de operativos anticorrupción que el gobierno ha llevado a cabo en varias reparticiones y empresas públicas, una situación que algunos han calificado de purga política. En cualquier caso, los operativos ya han provocado decenas de arrestos y al menos 172 propiedades han sido allanadas.
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Según el texto legal, corresponderá al Ministerio Público llevar a cabo las investigaciones en el marco de esta ley. Además, prescribe que los bienes incautados deben ser vendidos para financiar cuestiones de interés público, como proyectos de infraestructura estatal y seguridad social. Para cumplir este cometido el régimen ha creado el “Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados”.
Algunas organizaciones de derechos humanos temen que la normativa sea una coartada amparada en la legalidad, que sirva al gobierno para atacar a sus adversarios, utilizando como excusa la lucha contra la corrupción y así apropiarse de sus bienes sin importar si su origen es lícito o no.
«Nos dimos a la tarea de proceder aceleradamente a conformarla, a trabajar en la legislación comparada con otros países, a recibir la asesoría de un proyecto de ley de estas características que aprobó la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la corrupción y contra el tráfico de drogas, y a partir de allí se redactó un proyecto muy completo”, señaló el diputado Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo de Venezuela.