Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema analizó el proyecto de ley que «sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos». Informe que fue remitido a la presidencia del Senado el miércoles 10 de mayo.
El pleno de ministros señala que, la iniciativa legal busca mejorar la regulación que rige la persecución y juzgamiento de los delitos económicos en nuestro país, incorporando nuevas instituciones de comiso civil (comiso de ganancias y comiso sin condena previa) tal como lo hace el proyecto de ley que actualmente se tramita ante el Tribunal Constitucional bajo el rol 14199-23-CPR.
El informe consigna que la disposición consultada plantea una serie de desafíos competenciales y de interpretación, vinculados a las siguientes decisiones legislativas: (a) que la ejecución del comiso de ganancias debe tramitarse como una ‘decisión civil dictada por un tribunal con competencia en lo penal’; (b) que, independientemente de los derechos que pudiera tener la víctima al respecto, el principal interesado en dicha ejecución es el Fisco, en la medida que se establece que el dinero, los derechos y los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados son transferidos al Fisco; (c) que la ejecución del comiso de ganancias requiere de una serie de gestiones específicas ante instituciones públicas tales como notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, el Servicio de Registro Civil e Identificación, entre otras y; (d) que estas reglas aplicables a la ejecución del comiso de ganancias se hacen extensivas a la ejecución de todo comiso impuesto sin condena previa que se encuentra regulado en el proyecto de ley actualmente en tramitación ante el Tribunal Constitucional.
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Añade que todas estas cuestiones, junto con la necesaria coordinación de las mismas con el proyecto actualmente en conocimiento del Tribunal Constitucional, llevan a concluir la necesidad de que el legislador señale todas y cada una de las competencias indicadas y establezca claramente quiénes serán las instituciones dedicadas a perseguir y juzgar estas materias, y la manera en que ellas deberán coordinarse en atención a sus limitaciones presupuestarias y de personal.
Por los motivos señalados y, especialmente, en atención al contenido y alcance del proyecto, se concluye que esta iniciativa requiere de un importante trabajo de desarrollo, perfeccionamiento y discusión, lo que no obsta a reconocer el esfuerzo por legislar en esta materia, cuestión de vital importancia para adecuar la actual legislación y modernizarla a efecto de poder enfrentar con más herramientas el aumento de los delitos que se quieren combatir.