Decreto de Alcalde de la Municipalidad de Porvenir que fija un sistema de control de asistencia de la Jueza de Policial Local de su comuna no se ajusta a derecho, resuelve la Corte Suprema.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Punta Arenas que acogió el recurso de protección interpuesto por la Jueza de Policía Local de Porvenir en contra de Decreto del Edil, José Gabriel Parada, de la Municipalidad de Porvenir, que fijó un mecanismo de control de horario y asistencias de sus funciones judiciales (franja de audiencias públicas).

La recurrente cuestionó la procedencia y legalidad del Decreto N°668 de julio del 2022 emitido por el Alcalde de la Municipalidad de Porvenir, quien fijó como mecanismo de control -de su función jurisdiccional-, un sistema de reloj biométrico que se encuentra en las dependencias municipales para el rango horario que comprende las audiencias públicas de su oficio (lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 13:30).

La actora sostiene que tal medida contraviene el horario establecido por la Corte de Punta Arenas para el desempeño de sus funciones, además, de afectar el principio de independencia judicial. También cita una serie de intromisiones de la máxima autoridad municipal, y de otros funcionarios en sus labores como Juez, y tratos injustificados a su magistratura.