En una última sesión de audiencias, la comisión que indaga y reúne antecedentes relativos a los actos de gobierno relacionados a los decretos de indultos por parte del Presidente de la República con el concurso del Ministerio de Justicia (CEI 16), recibió al titular del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier.

El jurista se refirió a la intervención del organismo en los procesos en que se impugnaron los decretos supremos que dieron lugar a los indultos. En específico, indicó que el CDE asumió la defensa del Presidente y del ministerio ante el Tribunal Constitucional (TC), respecto a los requerimientos de inconstitucionalidad de dichos actos administrativos.

Letelier explicó que el conjunto de argumentos de exposición de los requerimientos no era correcto jurídicamente. Ello porque tenían fundamentos frágiles y exponían vicios improcedentes constitucional y legalmente.

En tal sentido, agregó que los decretos de indultos fueron “actos constitucionales, perfectamente legales y no poseían vicios de juricidad alguno”.

Defensa de los decretos supremos

El abogado explicó que los requerimientos tenían entre sus argumentos la falta de motivos o argumentación para otorgarlos y la desviación de poder. Así, en primer lugar, se hizo una distinción entre el tipo de decretos del estallido social y el resto.

En lo relativo al cuestionamiento sobre los motivos de los indultos explicó que son decretos derivados del estallido social. En ellos, se planteó la necesidad de superar la crisis política institucional que generó hechos de violencia y violación de DD.HH. Esto exigía adoptar medidas excepcionales. Añadió que se fundamentan en causas político institucionales, con el objetivo de recomponer la paz y el encuentro social.

Al respecto, Letelier manifestó que los requirentes planteaban sólo razones humanitarias para conceder indultos. Sostuvo que eso no es efectivo, porque pueden existir diversas motivaciones: por problemas de legislación; proporcionalidad de las sentencias, como la pena de muerte; políticas públicas carcelarias; misericordia (razones humanitarias o de salud); o por razones políticas, que es lo habitual o prototípico del indulto.

En el caso del indulto de Jorge Mateluna, dijo que el requerimiento es incorrecto. Agregó que las razones son socioculturales y de política carcelaria. Allí se expusieron los textos que fundaron el decreto, que incluyeron informes psicosociales, los que planteaban que no había inconveniente de reinserción social y que señalaban bajo compromiso delictual, entre otros aspectos.

Sentencia TC

El presidente del CDE precisó que la sentencia del TC, del 5 de mayo, rechazó en todas sus partes los requerimientos. Explicó que, sobre la falta de motivaciones, el organismo analizó la facultad de indultar a nivel constitucional y legal. Esto deriva en un acto político que considera poder de gracia, ajeno a parámetros previos. “La sentencia muestra que hay un acuerdo pacífico en la doctrina jurídica”, afirmó.

Sobre la “desviación de poder”, detalló que el TC confirma que la naturaleza del indulto actúa con respeto a las decisiones del Poder Judicial, no siendo un acto jurisdiccional sino de gobierno. Aclaró que, aunque incide en el cumplimiento de la decisión judicial inicial, no se entromete en la función jurisdiccional que ya se agotó.

El fallo añade que toda crítica al indulto termina siendo un cuestionamiento a la institución misma de esta gracia recogida en el texto constitucional. “Lo que se estaba impugnado es la propia facultad de indultar y no propiamente su contenido”, consideró.

En la sesión participó también la jefa del Departamento de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, Macarena Cortés.

Acuerdos

En la instancia se rechazó la solicitud de su presidenta de ampliar el plazo de la comisión, al producirse un empate entre los que apoyaban y los que rechazaban la medida.

Por otra parte, se aprobó enviar un cuestionario al Presidente de la República y al contralor General de la República, quien excusó su asistencia hoy. Para ello, se decidió sesionar este martes 30 de mayo, a las 9 horas, con el fin de acordar las preguntas que se realizarán a las altas autoridades.