El Consejo Constitucional –con votos de Republicanos y Chile Seguro– decidió rechazar la idea propuesta por el consejero constitucional, Alihuen Antileo, sobre realizar una consulta indígena.
La oposición –siendo mayoría dentro del órgano redactor– se alineó de forma unánime para ir en contra de esta solicitud, mientras que el oficialismo por completo se mostró a favor, apoyando al consejero Antileo.
«Este órgano carece de atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias para realizar una consulta indígena, y por tanto, no procede que este Consejo Constitucional realice tal consulta». Esas fueron las palabras expuestas en un documento por parte de la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia.
Los argumento de la derecha, sumado a lo que comentó la presidenta del órgano, fueron que –la consulta indígena– no se podría realizar debido a la falta de atribuciones legales y el tiempo para ello.
Por su parte, el consejero constitucional, Alihuen Antileo, manifestó al Diario Constitucional que “la decisión representa un retroceso en el sentido de que demuestra un cierto grado de intransigencia política y de imposición de mayoría numérica, lo que impide que se escuche la opinión de los distintos pueblos indígenas sobre esta materia”.
También, se refirió al convenio 169 de la OIT para respaldar su solicitud sobre la realización de la –rechazada– consulta indígena. “El convenio genera la obligación de parte del Estado de Chile en orden a realizar procesos de consulta cada vez que se adopte una medida constitucional, legislativa o administrativa que afecte directamente a los pueblos indígenas y como este es el caso, ya que se van a votar temáticas indígenas procede la consulta”, explicó.
Según el Convenio 169 de la OIT, este tiene como postulado “el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan”.
Así, el artículo 6, numeral 1, inciso a), especifica que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
En cuanto a los tiempos, el consejero discrepó con el argumento. “Hay acuerdos realizados entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile, para que se tuvieran válidos en este nuevo proceso constitucional y se ratificaran, lo que significa disminuir considerablemente los tiempos de realización de una consulta. Les planteé que podía demorar solamente 20 o 45 días, ya que todavía quedan 3 meses, por lo tanto, daban los tiempos. Aun así plantearon que no.
“Esto afecta el clima de entendimiento y consenso que es necesario generar para la redacción de una futura propuesta constitucional que incorpore a todas las visiones del país y no solo a una visión que, circunstancialmente, es hegemónica y que, en este caso, no tomó en consideración la opinión de los pueblos indígenas”, concluyó.