El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó sujeto a las medidas cautelares de arraigo comunal y firma mensual al cabo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) a la época de los hechos, Emanuel Jesús Carrasco Millaquén, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de infracción al Código Aeronáutico, al entregar información falsa a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Ilícito cometido el 9 de diciembre de 2019.
En la audiencia de formalización, el magistrado acogió las medidas cautelares solicitadas por fiscalía por considerarla proporcionales y adecuadas a los fines del procedimiento. Además, con el acuerdo de las parte, mantuvo el plazo de investigación fijado previamente.
Al resolver las cautelares, el juez sostuvo que a todo lo señalado por los intervinientes, respecto a los fundamentos y en cuanto a la proporcionalidad e idoneidad, considera este magistrado que está dentro de las medidas cautelares idóneas para estos efectos y proporcionales. Por lo tanto, se va a acceder a lo solicitado, es decir se va a decretar el arraigo comunal y firma mensual en la Primera Comisaría de Carabineros mientras dure la investigación.
Según el ente persecutor, a las 08:00 horas del 9 de diciembre de 2019, se dio inicio al servicio de turno de 24 horas de dedicación exclusiva del Centro de Operaciones Aéreas (COA) de la Cuarta Brigada Aérea, el cual estaba conformado por el teniente Ricardo Villagra Cornejo, el cabo Emanuel Carrasco Millaquén y el cabo Jonathan Escobar Benavides, funcionarios que, junto a otros, tenían la misión de mantener la supervisión del tráfico aéreo militar durante la jornada.
En dicho contexto, la aeronave Hércules KC-130, número 990 “Corvo”, nombre distintivo asignado por la FACh, tras ser autorizado por el brigadier Eduardo Mosqueira Cruz, despegó a las 16:53 horas desde la Base Aérea Chabunco de Punta Arenas con destino al Aeródromo Rodolfo Marsh en la Base Aérea Eduardo Frei, con 17 tripulantes y 21 pasajeros, estimando su arribo a las 19:17 horas aproximadamente.
Atendida la ruta y destino, la aeronave quedó sometida al control y supervisión operacional en forma paralela por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), desde el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, a través de la controladora de tránsito aéreo, y por el COA de la Fuerza Aérea.
Mediante un software de control aéreo y un sistema de comunicaciones de alta frecuencia, la DGAC, a través del Servicio de Tránsito Aéreo, regula y asiste a los aviones en tiempo real para brindar la seguridad operativa para prevenir eventuales colisiones y mantener control del tráfico aéreo. En el caso de la ruta que debía seguir el avión siniestrado, debido a la complejidad de dicho espacio aéreo, se dispone de puntos geográficos obligatorios que el piloto debe ir notificando, hora y nivel (altitud), a que los va sobrepasando.
En el caso del vuelo desde Punta Arenas a la Antártica, dichos puntos referenciales son conocidos como “Hornos”, “Drake” y “Krill”, los cuales estaba estipulados para el vuelo del “Corvo” a las 17:44; 18:21 y 18:50 horas (hora local) respectivamente, con arribo a la Antártica a las 19:17 horas.
A las 18:21 horas, la aeronave no notificó el punto “Drake”, por lo que desde la DGAC le efectuaron reiterados llamados (a las 18:37:21, 18:37:34 y 18:37:53), sin lograr comunicación. Tampoco respondió los contactos intentados desde la base de destino.
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Ante la falta de respuesta y alertada aún más por la omisión de la notificación del tercer (“Krill”) presupuestado para las 18:50 horas, la controladora de la DGAC se comunicó con el COA dos minutos después, consultando al imputado Carrasco Millaquén, si tenía noticias sobre la aeronave, procediendo el suboficial a responder que, por sistema, la aeronave se veía bien y que se encontraba cerca de su destino. Información falsa, ya que el último posicionamiento de la aeronave en el software de control aéreo figuraba a las 18:13 horas, a 58° (grados) 38’ (minutos) 17’’ (segundos) de latitud Sur y 64°(grados) 32’(minutos) 06’’(segundos) de longitud Oeste.
La información falsa proporcionada por el imputado, llevó a la controladora de la DGAC a no dar las alertas aeronáuticas respectivas, lo que trajo como consecuencia que tanto la Dirección General de Aeronáutica Civil como la FACh tomaran conocimiento de manera tardía sobre el siniestro que había afectado a la aeronave, la que entre las 18:08 y las 18:21 horas, aproximadamente, capotó, perdiendo la vida todos sus ocupantes.
En la causa, en febrero pasado, el Ministerio Público formalizó investigación por cuasidelito de homicidio en contra del entonces general Eduardo Mosqueira Cruz y los oficiales Julio Ojeda Puig, Marcelo Mella Bertetti y Allan Asenjo Contreras, en calidad de autores.