La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de una activista de los derechos humanos y su núcleo familiar, a raíz de las constantes amenazas y hostigamientos que han debido sufrir, situación que cumple con los presupuestos de gravedad, urgencia y riesgo de irreparabilidad. Dictaminó que México debe garantizar la vida e integridad de las beneficiarias.
Las afectadas son una defensora de los derechos humanos y su familia, en especial su hermana que fue víctima de trata de personas. Durante su cautiverio, en el cual sufrió graves abusos, esta mujer fue testigo de una serie de ilícitos por lo que tras su liberación fue amenazada por criminales y funcionarios públicos.
Si bien las afectadas cuentan con mecanismos de protección estatal, alegan que estos han sido insuficientes para salvaguardar sus derechos. En primer lugar, desconocidos han revelado su ubicación en internet y han recibido amenazas de muerte en redes sociales por ser “habladoras” (en alusión a la victima de trata de personas que estaría cooperando con la justicia).
Del mismo modo, fueron afectadas por ataques cibernéticos y el refugio en el que se encuentran ha sido vigilado por individuos no identificados. Por estos motivos, solicitaron a la CIDH que decrete medidas cautelares para proteger su vida e integridad.
En su análisis de fondo, la CIDH observa que “(…) los hechos de invasión en las cuentas habrían permitido vulnerar la privacidad y la ubicación de las afectadas, además de que les han comunicado de manera directa estar en conocimiento de domicilios y ubicaciones de sus familiares. Aunado a ello, cobran relevancia los mensajes con alto contenido con amenazas y violencia de género que se han expresado en su contra, los cuales, si bien se han realizado en redes sociales, se destaca la solicitud de información sobre ella, lo que podría traducirse en una intención de dar un paso más allá de la virtualidad para materializar hechos de violencia en contra de ella.”
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Indica que (…) se valora positivamente que el Estado ha ordenado y adoptado medidas de seguridad desde distintas instituciones. Al respecto, se destaca que las personas propuestas beneficiarias están incorporadas al Mecanismo y cuentan con un “Plan de seguridad y redes de apoyo. No obstante, pese a la adopción e implementación de estas medidas ha sido indispensable para brindar protección a la familia propuesta como beneficiaria ante los eventos de los cuales han venido siendo objeto, las personas beneficiarias siguen enfrentando diversas situaciones de riesgo que se han mantenido en el tiempo”.
Señala que “(…) se debe destacar la importancia de valorar los eventos digitales de acuerdo con su posibilidad de materializarse, así como considerar la situación en su contexto, aunado a la importancia de destacar que la violencia contra la mujer es vivida como un continuo de experiencias en línea y fuera de línea. A su vez, frente a la gran cantidad de eventos informados respecto del refugio, se resalta la importancia de que las medidas de refugio deben servir como medias preventivas de seguridad y no exponer a las personas a un riesgo mayor”.
La Comisión concluye que “(…) se debe tomar atenta nota de los desafíos que se han presentado en la implementación de las medidas de protección, así como que se destaca la posibilidad de que las medidas sean reducidas. En estas circunstancias, la situación de riesgo es susceptible de continuar y exacerbarse con el tiempo, en vista de que guardarían relación con labores de defensa de derechos humanos y la persecución de los agresores, a la luz de las denuncias que se han presentado, de tal forma que resulta necesario reforzar de manera inmediata medidas para salvaguardar los derechos de las afectadas”.
Al tenor de lo expuesto, la Comisión acogió el requerimiento y solicitó al Estado que tome todas las medidas necesarias para garantizar la protección a la vida e integridad de las beneficiarias, con perspectiva de género y otros enfoques diferenciados.
Vea resolución Comisión Interamericana de Derechos Humanos 44.2023.