El Tribunal Constitucional de Portugal validó la constitucionalidad de la ley que despenaliza las drogas sintéticas y que establece una distinción entre tráfico y consumo. De este modo, dictaminó que las autoridades no contravinieron el deber de audiencia al no recabar las opiniones de todas las regiones del país.
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La decisión fue tomada tras una solicitud de control de constitucionalidad presentada por el Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. El mandatario alegó que durante la tramitación de la ley, vía legislativa, no se había consultado a las regiones autónomas de Madeira e Islas Azores, especialmente afectadas por los altos índices de consumo de drogas sintéticas.
El Gobierno anunció que promulgará la ley con observancia de lo dispuesto por el Tribunal. De este modo, no será punible la posesión de una cantidad de drogas superior al consumo medio de diez días, si se acredita que su adquisición y tenencia está destinada exclusivamente al consumo personal. Su decisión es contraria a las pretensiones de las autoridades de Madeira, que habían solicitado al ejecutivo no promulgar la normativa por estimarla contraria a la Constitución.
“El aumento en la prevalencia del consumo de drogas sintéticas constituye una tendencia observable, no sólo en las regiones autónomas, sino en todo el territorio nacional, por lo que no se deriva de esta realidad la posibilidad de fundamentar la existencia de intereses o particularidades específicas en dichas regiones ante una incidencia marcada o predominantemente regional sentida en sus territorios”, señaló el Tribunal Constitucional en su sentencia.
Vea texto del fallo.