La posibilidad de presentar iniciativas ciudadanas de ley es una de las principales novedades aprobadas este sábado por el Pleno del Consejo Constitucional durante la votación del capítulo III: “Representación Política y Participación Ciudadana”.
El artículo 47 contempla que “un grupo de cien personas habilitadas para sufragar podrá registrar en la plataforma del Servicio Electoral una iniciativa ciudadana de ley”, la cual deberá reunir -como mínimo- el apoyo del cuatro por ciento del último padrón electoral para que sea discutida en el Congreso Nacional.
El consejero Carlos Solar (PRep), integrante de la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, señaló que tanto esta norma como el capítulo aprobado promueven una “ciudadanía más empoderada”.
La consejera Gloria Hutt (Evópoli), también parte de la misma comisión, señaló que este capítulo permite que “los poderes tradicionales cedan espacio a la participación”.
Uno de los puntos que generó debate al interior del Pleno fue el financiamiento de los partidos políticos. Mientras la Comisión Experta proponía que estos “podrán acceder a financiamiento público”, el Consejo aprobó la eliminación de la palabra “público”, lo cual deja a la ley la posibilidad de que las colectividades puedan recibir aportes privados. El comisionado Gabriel Osorio, calificó la norma aprobada como un “retroceso en separar la política del dinero”.
La comisionada Natalia González calificó estas críticas como “un rumor infundado”, ya que asegura que “nadie está reponiendo el financiamiento empresarial” de los partidos políticos, sino que su definición se está sacando de la constitución para dejarla en manos del legislador.
Por otra parte, se aprobó la norma que inconstitucionaliza a los “partidos políticos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella”. La consejera Karen Araya (PC) cuestionó la propuesta: “¿Cómo habría sido usada esta norma durante el estallido social o en la marcha más grande de Chile, la del 25 de octubre de 2019? Me preocupa que la derecha busque eliminar cualquier posibilidad de crítica y manifestación en contra del sistema que están construyendo”.
La comisionada Katherine Martorell replicó preguntando a Araya “si se siente orgullosa de los saqueos, de las quemas de las iglesias” durante el estallido, y descartó que la marcha del 25 de octubre tenga que ver con la norma propuesta: “¿Tan difícil es respetar los principios básicos del régimen democrático?”. Araya contestó estar “en contra de la violencia”, y que su preocupación está “en que se pueda criminalizar a los movimientos sociales que pacíficamente nos hemos manifestado”.
Otro de los debates entre consejeros se generó por el rechazo a las enmiendas de Unidad para Chile que proponían el voto voluntario para mayores de 16 años, así como el establecimiento de mecanismos de representación política efectivos en los órganos colegiados de elección popular para pueblos indígenas. El consejero Alihuen Antileo señaló que, pese a sus esfuerzos, “el resultado es cero”.
Otras normas aprobadas en este capítulo contemplan foros de deliberación ciudadana, la participación equilibrada entre mujeres y hombres en la integración de los órganos colegiados de los partidos, se eliminan las órdenes de partido, se establecen sanciones al incumplimiento de la disciplina partidaria, entre otras medidas que buscan fortalecer a las colectividades y disminuir la fragmentación política.
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