La moción, patrocinada por los Diputados Jorge Alessandri, Fernando Bórquez, Juan Antonio Coloma, Eduardo Cornejo, Felipe Donoso, Cristian Labbé, Henry Leal, Cristhian Moreira, Guillermo Ramírez y la Diputada Flor Weisse, busca incluir la asignatura de “Educación Cívica” en las bases curriculares de la enseñanza media, de manera tal que los contenidos asociados a esta área sean estudiados con la debida relevancia y en forma independiente de otras materias, sobre todo considerando el alto nivel de desafección juvenil que existe respecto de asuntos de carácter público.
Los parlamentarios estiman que el objetivo transversal de formación ciudadana que rige en el actual sistema educativo no es suficiente, por cuanto no existe un plan de estudio enfocado exclusivamente en contenidos y actividades que contribuyan a aumentar los niveles de conocimiento del alumno en lo relativo al ejercicio de la ciudadanía. Por ello, se detecta la pertinencia de establecer la asignatura de “Educación Cívica” a partir de 1º Año Medio, cuyo objetivo general será conocer y comprender el funcionamiento del Estado, el sistema político, los derechos y deberes ciudadanos, las normas de la organización social, así como promover el desarrollo de habilidades afines a los valores y principios básicos del régimen democrático, la convivencia cívica y la vida en comunidad.
Refieren que el primer hito respecto de su implementación en nuestro país ocurrió en 1912, cuando se introdujo la materia de «Educación Cívica» en el plan de estudios, específicamente en el 5º y 6º año de Humanidades. Luego, en 1955, el plan de estudios de Humanidades mantuvo la asignatura de Educación Cívica en los niveles 5º y 6º, con la misma carga horaria de dos horas a la semana. Además, se incorporó el «Consejo de Curso» como una instancia donde los estudiantes tenían la oportunidad de experimentar, en una escala reducida, las dinámicas y complejidades relacionadas con la elección de autoridades y la gestión de un gobierno.
A comienzos de los años 80, se introdujo la asignatura de «Educación Cívica y Economía» en los programas de estudio de 1º y 2º año de educación secundaria. El propósito de este nuevo curso era familiarizar a los estudiantes con la Constitución del país, el sistema político y económico, y los derechos fundamentales. Esta estructura curricular se mantuvo hasta 1984, cuando se decidió separar estas dos materias, dando lugar a que la Educación Cívica se enseñara en el 3º año de educación secundaria y la Economía en el 4º año. La Educación Cívica se mantuvo como asignatura hasta 1997, momento en el cual perdió su estatus de materia y se incorporó como parte de la “Formación Ciudadana,» un objetivo integral de la educación secundaria.
Agregan los autores de la moción, que la “Encuesta Nacional de Juventudes 2022” arrojó que un 70,6% de los consultados manifestó estar nada o poco interesado en la política y un 20,8% se mostró indiferente al régimen democrático y a uno no democrático, datos subrayan la importancia de reforzar la educación cívica para incrementar la participación ciudadana y el entendimiento de la democracia entre los estudiantes.
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En definitiva, proponen incorporar al DFL Nº2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº20.370 (Establece la Ley General de Educación) con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº1, de 2005, del Ministerio de Educación, un artículo 30 bis, nuevo, del siguiente tenor:
“Las bases curriculares correspondientes a la enseñanza media, deberán considerar, a partir de 1º Año Medio, la asignatura de “Educación Cívica” cuyo objetivo general será conocer y comprender el funcionamiento del Estado, el sistema político, los derechos y deberes ciudadanos, las normas de la organización social, así como promover el desarrollo de habilidades afines a los valores y principios básicos del régimen democrático, la convivencia cívica y la vida en comunidad”.
Vea texto de la moción y siga tramitación Boletín Nº16329-04.
Excelente para terminar con la ignorancia de los jóvenes y los adultos sobre lo qué es la constitución y el cumplimiento de los deberes de los representantes de elección popular.